Convenio PGR-ASF: un paso adelante

27 / abr / 2017

En una construcción, a las primeras etapas consisten en asentar la cimentación y erigir los componentes estructurales; distintos elementos van añadiéndose posteriormente para incrementar la resistencia del edificio y dotarlo de funcionalidad. Recurro a este símil para destacar la importancia de una de las primeras acciones concretas de cooperación interinstitucional en torno a la puesta en operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): la firma de un Convenio General de Colaboración entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el pasado 25 de abril.

No es primera vez en que dos entidades públicas acuerdan, de manera formal, establecer un marco que permita la creación de sinergias en torno a un objetivo común; lo que hace a este Convenio cualitativamente diferente es que tiene un encuadre de mayor envergadura que incluye a entidades de los tres Poderes de la Unión y se relaciona con una expectativa ciudadana muy concreta; reducir la impunidad. En este caso, los actores son el ente fiscalizador a nivel federal y la instancia encargada de representar el interés de la Nación en los procedimientos judiciales a que haya lugar para perseguir y sancionar actos de corrupción.

Ha sido un tema recurrente entre distintos analistas y formadores de opinión el concepto de dotar a la ASF de “dientes” para que pueda aplicar medidas punitivas como parte de su actuación; sin embargo, la auditoría gubernamental, por la mera razón de la imposibilidad de ser juez y parte, siempre se ha mantenido separada de la aplicación de este tipo de acciones que, por naturaleza, deben atenderse en el ámbito judicial.

Es por ello que el Convenio en comento representa, para ambos firmantes, la posibilidad de alcanzar un nivel superior en su interacción, al mostrar el valor que tienen las observaciones y los hallazgos derivados de la fiscalización superior para disuadir la comisión de actos irregulares o corruptos y la manera en que su confiabilidad representa un elemento de convicción irrefutable en la presentación de los argumentos del fiscal ante un juez en la prosecución de una denuncia de hechos.

La implementación del sistema penal acusatorio y los juicios orales demandarán que, en determinados casos, la autoridad fiscalizadora sea requerida en los procesos, por lo que será indispensable que exista un excelente nivel de cooperación con la PGR, con el fin de poder defender, de manera efectiva, el interés de la ciudadanía. El Convenio permitirá que esta interacción pueda darse en los mejores términos.

Hemos afirmado que el SNA busca, primordialmente, prevenir que existan condiciones estructurales en el ambiente en el que opera el sector público que posibiliten la corrupción, en vez de buscar abatir este fenómeno exclusivamente a través de sanciones; dentro del contexto del SNA, la vertiente punitiva encontrará una nueva fuerza, puesto que estará integrada a un ámbito sistémico, lo que le permitirá tener un efecto multiplicador respecto a otros casos, operar efectivamente como un disuasivo y contribuir al principio constitucional de justicia pronta y expedita.

Lo que la ASF aportará en materia de evidencia deberá reflejar el perfil eminentemente técnico de su actuación, derivado de los principios de autonomía e independencia que son la base de la credibilidad de sus resultados. La mejor señal de que nuestro trabajo aporta un valor y un beneficio a la ciudadanía no pasa por el número de acusados o de condenas, sino por la existencia de un pleno aprovechamiento de los recursos destinados a atender las necesidades de la sociedad, caracterizado por la eficiencia, la eficacia y la transparencia de la acción gubernamental.


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Comité Coordinador del SNA: un inicio histórico

30 / mar / 2017

El próximo martes 4 de abril tendrá lugar un evento que marcará un antes y un después en materia de coordinación gubernamental y participación ciudadana: en esa fecha se instalará el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), integrado por el presidente del Comité de Participación Ciudadana -quien, a su vez, lo presidirá-, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Secretaría de la Función Pública, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Es importante entender que la arquitectura del SNA refleja una serie de postulados -en su mayoría inéditos en la gestión gubernamental de nuestro país- que hacen patente un nivel de compromiso y de integración cualitativamente distinto a los que hasta ahora se habían emprendido para abordar el tema de la corrupción.

De manera muy ostensible, se da a la participación ciudadana un rol operativo en el diseño y la conducción de esta estrategia de Estado; representa a la vez a aquellos sectores que se ven afectados por este fenómeno, pero también a la corresponsabilidad en la que han incurrido distintos actores de la sociedad en el establecimiento de relaciones irregulares con el ámbito gubernamental.

Las vertientes de la auditoría gubernamental, la interna, vinculada con la labor de las contralorías y los órganos de control interno, y la externa, a cargo de las entidades fiscalizadoras superiores, jugarán un papel de la mayor importancia, además de los temas de su competencia, en la detección de riesgos y áreas del ejercicio gubernamental que presenten vulnerabilidades a la corrupción; de hecho, sería indispensable que toda institución oficial, pero también todas aquellas empresas con una relación significativa con el gobierno, definan sus respectivas áreas de riesgo en cuanto a la comisión de irregularidades, y las hagan del conocimiento público.

Las distintas instancias legales que forman parte del SNA, por su parte, introducirán importantes modificaciones en la manera de impartir justicia, de manera expedita, ante casos que requieran desde una sanción de tipo administrativo hasta la conducción de juicios penales en contra de los presuntos infractores. Cabe señalar además la importancia que se da a la transparencia y al acceso a la información en las acciones anticorrupción, representada por la participación de la máxima institución en la materia.

El éxito de este esfuerzo institucional, que entra en el interés de toda la nación, no debe verse empañado por actitudes que, más allá de ser una crítica bienintencionada, parecen más un afán de protagonismo, o de resentimiento respecto a los resultados de un proceso en el que, de manera excepcional, se ha procedido con plena transparencia y pulcritud. Precisamente, el protagonismo puede erigirse en el peor enemigo del SNA; ya sea que se manifieste en su interior o provenga del exterior. No se trata de ventilar una indignación alimentada por frustraciones personales de quienes pretenden asumir una actitud de superioridad moral, sino de aportar y participar con ideas concretas, a través de los canales institucionales establecidos al efecto. Basar la argumentación en meros recursos retóricos, ya muy dichos, es cosa del pasado.

Todos tenemos el derecho de pronunciarnos, aun de manera superficial, respecto a los méritos y a los defectos de crear, desde cero, un aparato de la envergadura del SNA; sin embargo, tanto el momento histórico como la propia sociedad, reclaman, de todos aquellos interesados en la rendición de cuentas en nuestro país, una actitud objetiva, madura y constructiva. El escepticismo es válido cuando está sustentado en conceptos e ideas técnicamente sólidas, no en información parcial, fuera de contexto y que, en resumidas cuentas, muestra hostilidad hacia un proyecto de la mayor importancia para México. Debemos concentrarnos, todos, en que los Sistemas Nacionales de Transparencia, de Fiscalización y Anticorrupción, inicien su actuación; dejemos atrás cualquier otra consideración.


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El significado de la labor de la ASF

02 / mar / 2017

El mes de febrero tradicionalmente ha sido significativo para la Auditoría Superior de la Federación, puesto que enteramos a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados respecto al resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública.

En nuestros informes se consignan las observaciones y acciones derivadas de la revisión de un conjunto sustancial de entidades públicas, programas y políticas gubernamentales.

Asimismo, contamos con la oportunidad de dirigirnos, de una manera más directa, a un amplio auditorio —integrado por legisladores, ciudadanos, instituciones académicas y de investigación, medios de comunicación y formadores de opinión— a través de la publicación del documento denominado Informe General, en el que ofrecemos un diagnóstico de la situación de la administración pública en el país a partir de un análisis de riesgos y áreas vulnerables en la gestión gubernamental, mismo que está disponible en nuestro sitio web.

Necesariamente, tras la ejecución de mil 643 auditorías, se genera un importante número de hallazgos; sin embargo, es preciso poner estas cifras de la fiscalización en un contexto adecuado, así como entender esta primera presentación como parte de un proceso que no se agota con su presentación ante los diputados y que prevé plazos legales para que las partes involucradas puedan manifestar lo que a su derecho convenga y solventar las observaciones correspondientes.

Para quienes conocen de manera más cercana el proceso de la auditoría gubernamental esto puede parecer claro, sin embargo, el ciudadano común que accede a esta información puede verse abrumado por un volumen enorme de datos, o tener la percepción de que existen severas deficiencias en todos los renglones de la vida pública y que éstas, en la mayoría de los casos, quedan impunes. Considero impreciso concebir el ejercicio fiscalizador como un mero generador de escándalos mediáticos vinculados con la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia, en términos de avanzar hacia una administración más eficiente y orientada a favor de satisfacer las necesidades de la población.

El objetivo de llevar a cabo este tipo de revisiones no busca condenar, a priori, a los ejecutores del gasto, ni basarse en el prejuicio de que, seguramente se encontrarán irregularidades.

Una auditoría busca establecer si existen brechas entre el mandato que se le da a una institución y los resultados obtenidos; se intenta definir si el ente cumplió a cabalidad con la normativa; si se alcanzaron los objetivos de determinado plan; si se generó correctamente la documentación probatoria; si los recursos presupuéstales se aplicaron debidamente. No se presupone nada; son los datos los que hablan.

El deber del auditor es consignar, de manera clara y precisa, lo que se desprende de la revisión efectuada; no tiene por consigna encontrar irregularidades o errores. Asimismo, el auditor tiene como línea de base la defensa del interés del ciudadano; no puede hacer caso omiso de ninguna situación que comprometa el bien común.

Constantemente se habla de la necesidad de dotar a la Auditoría de capacidades judiciales para que sancione, de manera inmediata, cualquier desvío observado; esta concepción no toma en cuenta que no se puede ser fiscal y juez al mismo tiempo, so pena de caer en serios conflictos de interés o de actuar a impulsos de lo que determinados sectores de opinión sostienen. El pretendido “tribunal” de la opinión pública no puede constituirse como parámetro válido para juzgar si una auditoría cumplió o no su cometido en función de si resultó en la aplicación de sanciones “ejemplares”.

La fiscalización superior, para ser creíble, debe mantener una línea absolutamente clara respecto a su actuación y a los límites de ésta; representa un importante patrimonio para entender, de manera objetiva y basada en hechos, que está operando correctamente, o dónde existen problemas que sea preciso atender. Confiamos en el poder del ejercicio público y de las instituciones gubernamentales para tener una sociedad más justa y que ofrezca mejores oportunidades a través de revisar de manera crítica su actuación y señalar con claridad los obstáculos existentes.


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