Otro año de retos para la fiscalización

16 / ene / 2017

El año que inicia presenta un panorama atípico en la operación de todas las instituciones del país encargadas de la revisión del uso que se le da a los recursos públicos: las nuevas disposiciones en materia de fiscalización y, por extensión, en la política del Estado para combatir la corrupción nos obligan a hacer una seria reflexión respecto a lo alcanzado hasta ahora y las perspectivas que se nos presentan en el futuro inmediato. Esto impactará a las instancias gubernamentales en el orden federal, estatal y municipal; en los tres Poderes de la Unión; e inclusive, en las organizaciones ciudadanas, de investigación y académicas, medios de comunicación y formadores de opinión.

A fin de llevar a la práctica la filosofía que sustenta al Sistema Nacional Anticorrupción, corresponde ahora iniciar la construcción de las estructuras que llevarán a cabo las tareas de esta política de Estado. Esto incluye, como punto medular, la designación de funcionarios que tendrán a su cargo estas importantes responsabilidades, la disposición de los recursos necesarios y la integración de la sociedad civil para que contribuya a estos proyectos.

En este sentido, cabe mencionar que en diciembre pasado se llevó a cabo la firma de convenios de coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las Entidades Fiscalizadoras de los estados a través de los cuales las partes se comprometen a avanzar en la homologación de sus praxis, a la implementación de normas profesionales comunes, a complementar sus esfuerzos a fin de alcanzar una mayor cobertura en sus revisiones y a promover la máxima publicidad de sus hallazgos. Se trata, prácticamente, de un relanzamiento de las bases de la fiscalización en México.

Del mismo modo, se acordó llevar a cabo una reestructuración sustantiva de los distintos Grupos de Trabajo que integran el Sistema Nacional de Fiscalización, con el fin de que ofrezcan los insumos necesarios a la política anticorrupción del país; quiero destacar al respecto la disposición de la Secretaría de la Función Pública para alcanzar los acuerdos pertinentes y la renovación de su compromiso en esta labor. Queda una tarea considerable y compleja, que es la integración de los sistemas anticorrupción a nivel estatal, y en la que deberemos cooperar todas las partes involucradas, incluyendo a los Legislativos estatales.

Será necesario dar seguimiento a lo que sucede con los auditores superiores estatales cuyas entidades federativas han experimentado un cambio de gobierno. El hecho de que sean destituidos sin mediar una razón administrativa y/o técnica transparente, representa una seria amenaza al éxito de la implementación de los sistemas locales anticorrupción; deja entrever una falta de compromiso con la institucionalidad, la autonomía e independencia de los fiscalizadores y, lo que es peor aún, refleja una inadecuada lectura de los actores políticos respecto a la nueva realidad que enfrenta México.

Adicionalmente, la ASF inicia una etapa de transición, al cumplirse en diciembre de 2017 el periodo marcado por Ley para ratificar al actual titular, o bien abrir el proceso de renovación de su mando. Si bien esta situación obliga a llevar a cabo una serie de tareas administrativas al interior de la institución, las líneas generales de su actuación se mantendrán invariables, y con el esfuerzo de todos sus integrantes se continuará avanzando en la labor de arraigar en la cultura administrativa de México la obligación de promover la rendición de cuentas ante la ciudadanía, cuyo interés es el fin último de toda acción de gobierno. Aprovecho este espacio para desear a los lectores lo mejor para 2017


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Nueva concepción de las auditorías estatales

08 / dic / 2016

La presente es una coyuntura adecuada para refundar a la institución de la fiscalización superior en los estados

Cuando se promulgó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), se reconoció el papel preponderante de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en esta nueva política del Estado federal mexicano.

De manera implícita, se asumió que la auditoría gubernamental contribuye a los objetivos del Sistema en dos vertientes: la primera se refiere al valor de la información que se genera como resultado de la fiscalización practicada y que se plasma en los informes de auditoría, para la toma de decisiones de distintos grupos de interés, incluyendo, de manera principal, al Poder Legislativo y a los propios entes auditados; mientras que la segunda se orienta a la vinculación entre los hallazgos de auditoría y la aplicación de sanciones en los ámbitos administrativo y penal.

Este posicionamiento de la fiscalización no debe dejar a un lado al nivel estatal. Por ello, es indispensable que la legislación de las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL), esté alineada con el nuevo marco de atribuciones de la ASF. Esto nos lleva necesariamente al tema prioritario de la independencia y autonomía, así como al problema que representa la adecuación estructural y de capacidades de dichos órganos auditores.

Si bien en la normativa de muchos estados se hace mención a los principios que garantizan la confiabilidad de los resultados de las revisiones practicadas, a partir de la imparcialidad y juicio objetivo de las instituciones responsables de la vigilancia del uso de los recursos públicos, subsisten importantes brechas en cuanto a la verdadera capacidad de autogestión de las EFSL y su inmunidad a presiones externas.

Una parte importante del problema radica en la poca valoración que, en ocasiones, se hace de la labor auditora. Los vaivenes en la política estatal afectan la continuidad de un trabajo que requiere ser percibido como completamente separado del gobierno en turno. No se reconoce la importancia que, inclusive, tiene una fiscalización superior efectiva para propiciar la mejora de la gestión gubernamental en la esfera estatal. Por consiguiente, no entra dentro de la concepción ciudadana que la auditoría gubernamental busca la defensa del interés general y el mejoramiento de la operación de las dependencias del Estado.

La presente es una coyuntura adecuada para superar estas situaciones y refundar a la institución de la fiscalización superior en el contexto de la administración estatal. El papel que deberán desempeñar en materia anticorrupción depende fundamentalmente de que la sociedad civil las asuma como entes confiables, técnicamente capacitados y cuya información contribuya sustancialmente a abatir la comisión de irregularidades y propicie un ambiente de control que desincentive actos ilegales. Dada la condición actual de algunas EFSL, esta identificación no puede darse.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ha dado a la fiscalización superior un rol de gran importancia para la consecución de sus metas; esto conlleva una inversión sostenida, tanto desde el punto de vista financiero, como de la creación de capacidades de los funcionarios encargados de dichas responsabilidades. Esto debe ser reconocido por todos los sectores involucrados —incluyendo a las Legislaturas locales— como una obligación que hay que cumplir a la brevedad.

En este orden de ideas, se inserta la firma de un convenio entre la ASF y las EFSL, a llevarse a cabo el próximo 19 de diciembre, en el contexto de la nueva ley que regula la actuación del órgano de auditoría federal, con el objeto de definir con precisión cómo se llevará a cabo la fiscalización de las participaciones federales, así como los criterios de coordinación entre estas instituciones. Este evento debería convertirse en una especie de acto fundacional de la nueva realidad de la fiscalización en las entidades federativas.

Auditor Superior de la Federación


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SNA: señales de efectividad

10 / nov / 2016

A casi cuatro meses de la publicación del marco legal que rige el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aún no es del conocimiento público la manera en la que funcionará esta estrategia del Estado mexicano. Ciertamente, para la población no especializada en temas de administración pública, la existencia de un conjunto de leyes resulta abstracta, en tanto que no permite una visualización sencilla de qué va hacer cada quien.

Distintas instituciones, entre las que destaca la Auditoría Superior de la Federación, deberán ajustar su actuación para llevar la práctica un esquema de coordinación, intercambio de información y el desarrollo de procesos concurrentes para determinar la existencia de irregularidades, la aplicación de sanciones y la modificación de estructuras y prácticas conducentes a la afectación del interés general.

No sólo se trata de un esfuerzo gubernamental; en la concepción sistémica de esta iniciativa juegan un papel central la participación ciudadana, la presión de la opinión pública y la manera en cómo se conforman las expectativas sociales en relación con lo que se consideraría, en el colectivo, un combate efectivo de la corrupción

Un indicador de que el SNA está funcionando radica en la posibilidad de que una inquietud social se convierta en un tema de Estado. Si se logra que una denuncia ciudadana, sustentada con información obtenida a través de las políticas de transparencia derive en un trabajo de fiscalización, que a su vez tenga consecuencias penales y administrativas y que, inclusive, propicie modificaciones relevantes en la normativa, entonces estaremos hablando de un sistema efectivo.

Otra de las características de este nuevo entorno es que los productos que tradicionalmente generaban los entes involucrados en la auditoría gubernamental, adquirirán una mayor importancia y permitirán constituirse en instrumentos de cambio institucional.

Por ejemplo, la ejecución de revisiones por parte de los entes fiscalizadores superiores tiene una utilidad en sí misma, ya que proporciona una imagen fidedigna del uso de recursos presupuestales. Sin embargo, en contexto del SNA adquirirán un valor adicional puesto que permitirán la detección, bajo determinados supuestos, de problemas que se ubiquen de manera transversal en la administración pública de nuestro país.

El definir la recurrencia de este tipo de prácticas, es el primer paso para establecer medidas correctivas y preventivas, no sólo aplicables al supuesto de la auditoría original, sino extensibles a la totalidad de las situaciones similares.

Parte del diseño del SNA era generar un efecto multiplicador como el mencionado, es alentador que la fiscalización, el control interno, la transparencia, la participación ciudadana, así como la imposición de sanciones, pueden traducirse en una rendición de cuentas más efectiva que, hay que recordarlo, debe tener el interés del ciudadano como punto focal de todos los esfuerzos.

Respecto a lo que la ciudadanía puede esperar de este nuevo modelo de combate a la corrupción, es necesario ser realistas sobre los verdaderos alcances del Sistema en el corto plazo, con el fin de no generar un sentimiento de frustración social e inclusive de animadversión.

Todos estos temas serán tratados, bajo diferentes perspectivas, el día de hoy en el seminario “Desigualdad Social y Corrupción: el Estado bajo captura”, que organiza la Red por la Rendición de Cuentas. Invito a los lectores a que den seguimiento a las discusiones y conclusiones de este evento en el sitio http://congreso.rendiciondecuentas.org.mx/

 

Auditor Superior de la Federación


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