¿Qué discutir en el Sistema Nacional Anticorrupción?

25 / may / 2017

Poco a poco, los distintos componentes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) comienzan a integrarse; en esta semana, por ejemplo, se llevaron a cabo las entrevistas para los aspirantes a ocupar el puesto de secretario técnico, cuyo nombramiento en los próximos días será de capital importancia para seguir avanzando en esta etapa de creación institucional. En este contexto, en la Auditoría Superior de la Federación llevamos a cabo un proceso de reflexión y análisis respecto a las distintas temáticas que podrían ser de especial relevancia para su discusión en el seno del SNA y que, de considerarse adecuado, sirvieran como insumo para la integración de su Plan de Trabajo.

Concentrar los esfuerzos de una instancia organizativa de la magnitud del SNA en personajes específicos sería, desde nuestro punto de vista, desvirtuar la filosofía que subyace a esta importante iniciativa. Como parte del nuevo esquema de rendición de cuentas, se prevén sanciones severas para infractores, pero su acento recae en la eliminación de los factores que permiten la comisión de este tipo de actos. Abordar estos elementos, desde una óptica transversal y que atienda a los tópicos de naturaleza estructural o los riesgos que enfrentan las distintas entidades que forman parte del aparato gubernamental, debe ser la prioridad del SNA, y para hacerlo necesita de información estratégica que le permita proponer políticas y exhortos que tengan un impacto real en cuanto al abatimiento de las causas de la corrupción, en vez de concentrarse en sus efectos. Con este objetivo en mente, la ASF propondrá una serie de temas específicos que podrían agruparse en cuatro categorías.

La primera tiene que ver con aquellas circunstancias que, al estar tan profundamente enraizadas en la cultura administrativa de distintos entes gubernamentales, sientan las bases para que quienes rinden sus servicios en ellos adopten a la corrupción como un factor más en la conducción de su trabajo. Se refieren a incentivos, intereses, marco de integridad, inercias operativas, colusión con intereses privados, limitantes profesionales, opacidad, discrecionalidad, entre otros.

El segundo grupo está centrado en torno a las acciones que se pueden tomar para actuar de manera preventiva ante la corrupción; reúne a los asuntos a tomarse en cuenta para generar un ambiente de control en el interior de toda institución pública, a fin de minimizar la probabilidad de que se materialice una acción al margen de la legalidad y el interés público. Esto incluye un levantamiento, a nivel nacional, de los principales riesgos que enfrentan las instancias gubernamentales.

En tercer lugar, podemos afirmar que el propio SNA no está exento de la posibilidad de ver afectada su gestión por distintos tipos de riesgos; al ser una instancia que debe predicar con el ejemplo y generar confianza en la opinión pública, es preciso tener bajo estricta supervisión los aspectos operativos del SNA vinculados con el cumplimiento de su mandato constitucional. Finalmente, como resultado de la labor fiscalizadora que realiza la ASF, se han detectado distintas cuestiones en la administración pública que representan factores de riesgo para generar corrupción; en nuestros informes a la Cámara de Diputados hemos sido especialmente insistentes acerca de la necesidad de aplicar medidas para revertir estas tendencias.

La ASF busca llevar a la agenda del SNA temas que abarquen los distintos ángulos y variables que explican la prevalencia del fenómeno de la corrupción. Desde nuestra perspectiva estos asuntos deben incorporar las prioridades en el ánimo social -identificables por distintos medios-. Adicionalmente, debemos evitar ser presa de lo políticamente correcto. Nuestra efectividad debe sustentarse en un análisis técnico y objetivo.


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Convenio PGR-ASF: un paso adelante

27 / abr / 2017

En una construcción, a las primeras etapas consisten en asentar la cimentación y erigir los componentes estructurales; distintos elementos van añadiéndose posteriormente para incrementar la resistencia del edificio y dotarlo de funcionalidad. Recurro a este símil para destacar la importancia de una de las primeras acciones concretas de cooperación interinstitucional en torno a la puesta en operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): la firma de un Convenio General de Colaboración entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el pasado 25 de abril.

No es primera vez en que dos entidades públicas acuerdan, de manera formal, establecer un marco que permita la creación de sinergias en torno a un objetivo común; lo que hace a este Convenio cualitativamente diferente es que tiene un encuadre de mayor envergadura que incluye a entidades de los tres Poderes de la Unión y se relaciona con una expectativa ciudadana muy concreta; reducir la impunidad. En este caso, los actores son el ente fiscalizador a nivel federal y la instancia encargada de representar el interés de la Nación en los procedimientos judiciales a que haya lugar para perseguir y sancionar actos de corrupción.

Ha sido un tema recurrente entre distintos analistas y formadores de opinión el concepto de dotar a la ASF de “dientes” para que pueda aplicar medidas punitivas como parte de su actuación; sin embargo, la auditoría gubernamental, por la mera razón de la imposibilidad de ser juez y parte, siempre se ha mantenido separada de la aplicación de este tipo de acciones que, por naturaleza, deben atenderse en el ámbito judicial.

Es por ello que el Convenio en comento representa, para ambos firmantes, la posibilidad de alcanzar un nivel superior en su interacción, al mostrar el valor que tienen las observaciones y los hallazgos derivados de la fiscalización superior para disuadir la comisión de actos irregulares o corruptos y la manera en que su confiabilidad representa un elemento de convicción irrefutable en la presentación de los argumentos del fiscal ante un juez en la prosecución de una denuncia de hechos.

La implementación del sistema penal acusatorio y los juicios orales demandarán que, en determinados casos, la autoridad fiscalizadora sea requerida en los procesos, por lo que será indispensable que exista un excelente nivel de cooperación con la PGR, con el fin de poder defender, de manera efectiva, el interés de la ciudadanía. El Convenio permitirá que esta interacción pueda darse en los mejores términos.

Hemos afirmado que el SNA busca, primordialmente, prevenir que existan condiciones estructurales en el ambiente en el que opera el sector público que posibiliten la corrupción, en vez de buscar abatir este fenómeno exclusivamente a través de sanciones; dentro del contexto del SNA, la vertiente punitiva encontrará una nueva fuerza, puesto que estará integrada a un ámbito sistémico, lo que le permitirá tener un efecto multiplicador respecto a otros casos, operar efectivamente como un disuasivo y contribuir al principio constitucional de justicia pronta y expedita.

Lo que la ASF aportará en materia de evidencia deberá reflejar el perfil eminentemente técnico de su actuación, derivado de los principios de autonomía e independencia que son la base de la credibilidad de sus resultados. La mejor señal de que nuestro trabajo aporta un valor y un beneficio a la ciudadanía no pasa por el número de acusados o de condenas, sino por la existencia de un pleno aprovechamiento de los recursos destinados a atender las necesidades de la sociedad, caracterizado por la eficiencia, la eficacia y la transparencia de la acción gubernamental.


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Comité Coordinador del SNA: un inicio histórico

30 / mar / 2017

El próximo martes 4 de abril tendrá lugar un evento que marcará un antes y un después en materia de coordinación gubernamental y participación ciudadana: en esa fecha se instalará el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), integrado por el presidente del Comité de Participación Ciudadana -quien, a su vez, lo presidirá-, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Secretaría de la Función Pública, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Es importante entender que la arquitectura del SNA refleja una serie de postulados -en su mayoría inéditos en la gestión gubernamental de nuestro país- que hacen patente un nivel de compromiso y de integración cualitativamente distinto a los que hasta ahora se habían emprendido para abordar el tema de la corrupción.

De manera muy ostensible, se da a la participación ciudadana un rol operativo en el diseño y la conducción de esta estrategia de Estado; representa a la vez a aquellos sectores que se ven afectados por este fenómeno, pero también a la corresponsabilidad en la que han incurrido distintos actores de la sociedad en el establecimiento de relaciones irregulares con el ámbito gubernamental.

Las vertientes de la auditoría gubernamental, la interna, vinculada con la labor de las contralorías y los órganos de control interno, y la externa, a cargo de las entidades fiscalizadoras superiores, jugarán un papel de la mayor importancia, además de los temas de su competencia, en la detección de riesgos y áreas del ejercicio gubernamental que presenten vulnerabilidades a la corrupción; de hecho, sería indispensable que toda institución oficial, pero también todas aquellas empresas con una relación significativa con el gobierno, definan sus respectivas áreas de riesgo en cuanto a la comisión de irregularidades, y las hagan del conocimiento público.

Las distintas instancias legales que forman parte del SNA, por su parte, introducirán importantes modificaciones en la manera de impartir justicia, de manera expedita, ante casos que requieran desde una sanción de tipo administrativo hasta la conducción de juicios penales en contra de los presuntos infractores. Cabe señalar además la importancia que se da a la transparencia y al acceso a la información en las acciones anticorrupción, representada por la participación de la máxima institución en la materia.

El éxito de este esfuerzo institucional, que entra en el interés de toda la nación, no debe verse empañado por actitudes que, más allá de ser una crítica bienintencionada, parecen más un afán de protagonismo, o de resentimiento respecto a los resultados de un proceso en el que, de manera excepcional, se ha procedido con plena transparencia y pulcritud. Precisamente, el protagonismo puede erigirse en el peor enemigo del SNA; ya sea que se manifieste en su interior o provenga del exterior. No se trata de ventilar una indignación alimentada por frustraciones personales de quienes pretenden asumir una actitud de superioridad moral, sino de aportar y participar con ideas concretas, a través de los canales institucionales establecidos al efecto. Basar la argumentación en meros recursos retóricos, ya muy dichos, es cosa del pasado.

Todos tenemos el derecho de pronunciarnos, aun de manera superficial, respecto a los méritos y a los defectos de crear, desde cero, un aparato de la envergadura del SNA; sin embargo, tanto el momento histórico como la propia sociedad, reclaman, de todos aquellos interesados en la rendición de cuentas en nuestro país, una actitud objetiva, madura y constructiva. El escepticismo es válido cuando está sustentado en conceptos e ideas técnicamente sólidas, no en información parcial, fuera de contexto y que, en resumidas cuentas, muestra hostilidad hacia un proyecto de la mayor importancia para México. Debemos concentrarnos, todos, en que los Sistemas Nacionales de Transparencia, de Fiscalización y Anticorrupción, inicien su actuación; dejemos atrás cualquier otra consideración.


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