Un nuevo modelo de fiscalización

18 / ago / 2016

Dentro del ámbito de la auditoría gubernamental uno de los efectos de mayor trascendencia del recientemente promulgado paquete de leyes para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es la ampliación del mandato de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con el objetivo de incrementar sustancialmente el impacto de la fiscalización en el mejoramiento de la administración pública.

A raíz de las reformas propuestas se otorgó al ente fiscalizador superior la capacidad de revisar además de los recursos transferidos a estados y municipios en la forma de fondos etiquetados para rubros como la salud, la educación, la seguridad y la creación y mantenimiento de infraestructura, las participaciones federales y la deuda pública a nivel subnacional garantizada por la propia Federación.

Es preciso preguntarse las razones que asistieron a los legisladores para tomar esta decisión que pone una parte sustancial de los ingresos de las entidades federativas bajo la lupa de la ASF. ¿Por qué, si existen Entidades Fiscalizadoras Superiores a nivel local, es necesario que el órgano federal sea quien tenga bajo su rectoría la revisión de estos recursos?

En estas columnas se ha señalado que es imprescindible fortalecer a la administración pública en los órdenes de gobierno estatal y municipal, puesto que existen brechas de consideración en cuanto a las capacidades institucionales, la cultura administrativa y la disponibilidad de recursos respecto a las condiciones imperantes a nivel federal. De manera paralela, el equilibrio de poderes afecta el ejercicio de los entes auditores estatales, toda vez que se vulnera su autonomía e independencia.

 Como parte del cambio, se decidió confiar esta tarea a la ASF. Quedó de manifiesto, en el curso de los debates que acompañaron el proceso de discusión de las leyes secundarias del SNA, que se dio un consenso entre grupos partidistas, organizaciones ciudadanas y formaciones académicas respecto a que la Auditoría Superior de la Federación ofrecía la mejor alternativa para presidir un nuevo modelo de fiscalización, consistente con las metas del Sistema Nacional Anticorrupción.

La ampliación del universo auditable por parte de la autoridad federal en la materia y la creación de nuevas atribuciones, muy distintas a la auditoría gubernamental tradicional -como las facultades de la ASF de investigar y substanciar faltas administrativas graves- nos hablan de un parteaguas en el que una labor fundamental en materia de gobernanza, la auditoría gubernamental, se pone bajo la tutela y el control de una sola institución.

Considero que esta decisión representa un signo alentador de la valoración que se tiene de la labor de este ente auditor, puesto que reconoce de manera fáctica la trascendencia que tiene la fiscalización para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, también la interpreto como uno de los mayores retos que ha enfrentado la ASF: cumplir cabalmente con el mandato que se nos ha otorgado exigirá el desarrollo de metodologías, áreas especializadas y cuadros de servidores públicos con las capacidades necesarias para desahogar sus responsabilidades. La credibilidad, la confiabilidad, el carácter técnico, la rigurosidad analítica y el profesionalismo en el desempeño de la auditoría gubernamental deben ser los pilares de esta nueva etapa en la vida institucional de la ASF. Es un compromiso que ha generado muchas expectativas, y ante el cual será preciso ofrecer el mejor de los desempeños.

Auditor Superior de la Federación

 

 


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SNA: una buena noticia

21 / jul / 2016

Para la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) constituye un hito en la historia de la rendición de cuentas en el país. El Estado mexicano decidió colocar al tema del combate a la corrupción como una prioridad nacional, y no sólo ello; se eligió el único enfoque que permite augurar la obtención de resultados positivos: una perspectiva sistémica que busca integrar los esfuerzos de un conjunto importante de instituciones gubernamentales clave junto con el apoyo y la presencia de la sociedad.

Todos los entes participantes verán acrecentado su mandato, puesto que las distintas disposiciones aprobadas por el Poder Legislativo prevén la ejecución de acciones específicas y coordinadas para enfrentar las distintas aristas del tema de la corrupción. En este sentido, la ASF en particular tendrá, bajo su responsabilidad, la implementación de una serie de nuevas atribuciones cuyo objetivo es profundizar y ampliar el ejercicio de la auditoría gubernamental en México.

Uno de los tópicos de mayor importancia es la de la fiscalización de las participaciones federales. Esto representa un giro de gran relevancia, puesto que permite a la institución revisar directamente —o de manera coordinada con las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los estados, bajo determinados supuestos— el contenido de las cuentas públicas estatales. Este rubro asciende a un monto mayor al que se asigna al Ramo 33 dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Esta disposición implica, naturalmente, un crecimiento del universo auditable a cargo de la ASF, y refleja, en el espíritu del legislador, una transformación del concepto de fiscalización a nivel nacional. Es preciso que, a partir de ahora, exista una coordinación efectiva y constante de las instituciones encargadas de la auditoría del gasto público. Dicha labor requerirá, por lo mismo, de un esfuerzo a nivel de las entidades federativas para contar con marcos legales consistentes con el existente en el orden federal, la unificación de los métodos y normas a aplicar, el manejo de una terminología común y, por ende, la réplica de instancias en el ámbito estatal a cargo de los procesos legales a los que haya lugar.

Otro asunto de la mayor trascendencia lo representa la capacidad con la que se ha dotado a la ASF para llevar a cabo la investigación y substanciación de presuntas faltas administrativas graves bajo dos hipótesis: ya sea que exista una denuncia que cuente con la debida fundamentación y motivación, y que aporte elementos de prueba que ameriten el inicio de estos procedimientos; o bien, que sea resultado de los hallazgos de una auditoría de la fiscalización anual de la cuenta pública.

El éxito de este proyecto está, en buena medida, en función de superar el reto que representan las limitaciones reales que tiene el ejercicio de la fiscalización superior a nivel local, así como la influencia que podrían tener los Ejecutivos estatales en materia de nombramientos de funcionarios en puestos clave dentro de los sistemas estatales anticorrupción, que requieren de la mayor independencia y que deben ser ocupados por hombres y mujeres que puedan acreditar plenamente los perfiles necesarios.

En el largo plazo, esta nueva realidad de control y legalidad representará una barrera de entrada a quien pretenda hacer de la gestión pública un medio para alcanzar beneficios personales indebidos. A partir de ahora, quienes aspiren a formar parte del sector gubernamental, deberán tener en mente los límites establecidos a su actuación y las consecuencias que les podría acarrear el incurrir en irregularidades. Este es un nuevo entorno que coadyuvará a dignificar la imagen de quienes trabajamos como servidores públicos.


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XVI Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas.

11 / jul / 2016


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