Presencia ciudadana, garantía de equilibrio

02 / feb / 2017

Los tiempos señalados en los ordenamientos jurídicos que enmarcan la gestión del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) siguen su marcha, y esta semana tuvimos la satisfacción de ser testigos de la integración del Comité de Participación Ciudadana, instancia que constituye una de las piedras angulares de esta política de Estado.

Es posible afirmar que el proceso de elección fue ejemplar: la Comisión de Selección estableció reglas claras y mantuvo un contacto permanente con la opinión pública respecto a los avances de las distintas etapas hasta desembocar en la composición de este cuerpo colegiado.

En medio de un ambiente enrarecido por una serie de situaciones complejas para el interés nacional, la Comisión conservó escrupulosamente separado este tema técnico de cualquier consideración de índole política. Es también alentador que las distintas fuerzas hayan mantenido una actitud responsable y no buscaran capitalizar este procedimiento para efectos distintos a su causa.

Precisamente, es relevante recordar cuál fue el espíritu que animó a los legisladores en la definición de las distintas instancias que conforman el SNA, particularmente el área no gubernamental. El Comité de Participación Ciudadana fue diseñado como parte de la concepción moderna de la administración pública que posiciona a la sociedad como el cliente-receptor de la acción del Estado; en un contexto de apertura democrática, transparencia y rendición de cuentas, la presencia de la sociedad resulta indispensable.

En este sentido, el Comité se inserta como el eje que debe canalizar, objetiva y estructuradamente, las demandas de la colectividad respecto al tema de la corrupción y someterlas a un análisis técnico, más allá de un manejo mediático o que responda a consideraciones personales. El representar a una sociedad agraviada y escéptica conlleva una gran responsabilidad pero, al mismo tiempo, una oportunidad histórica. Adicionalmente, este Comité debe fungir como un puente con el sector privado, a fin de generar conciencia sobre la corresponsabilidad en el fenómeno de la corrupción, y a la aportación que los distintos actores de la sociedad pueden dar para su control.

Por otra parte, la presencia ciudadana en el contexto del SNA está llamada a ser un contrapeso a las distintas instituciones oficiales que lo integran. En el Comité Coordinador participan la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción; ante esta composición, la instancia ciudadana deberá asegurarse de salvaguardar el interés y la voz de la sociedad.

Asimismo, se debe informar a la sociedad con claridad que el Comité de Participación Ciudadana no se convierte en rector de las instituciones que integran el SNA, ni suple sus mandatos legales. Es a partir de este momento en el que la estrategia de comunicación respecto a los verdaderos alcances del SNA adquiere un peso definitivo para evitar la creación de falsas expectativas e iniciar con firmeza el camino para alcanzar sus objetivos.

Finalmente, la designación de la doctora Jacqueline Peschard Mariscal para presidir el Comité es una señal clara de la existencia de un compromiso para generar confianza y satisfacer las expectativas de la sociedad. Deseamos asimismo a Mariclaire Acosta Urquidi, Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha y Alfonso Hernández Valdez el mayor de los éxitos en esta importante tarea, y les ofrecemos la total colaboración de la Auditoría Superior de la Federación y del Sistema Nacional de Fiscalización.


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Fiscalización de la Cuenta Pública 2016

24 / ene / 2017

Más información en http://www.asf.gob.mx/Publication/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias


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Otro año de retos para la fiscalización

16 / ene / 2017

El año que inicia presenta un panorama atípico en la operación de todas las instituciones del país encargadas de la revisión del uso que se le da a los recursos públicos: las nuevas disposiciones en materia de fiscalización y, por extensión, en la política del Estado para combatir la corrupción nos obligan a hacer una seria reflexión respecto a lo alcanzado hasta ahora y las perspectivas que se nos presentan en el futuro inmediato. Esto impactará a las instancias gubernamentales en el orden federal, estatal y municipal; en los tres Poderes de la Unión; e inclusive, en las organizaciones ciudadanas, de investigación y académicas, medios de comunicación y formadores de opinión.

A fin de llevar a la práctica la filosofía que sustenta al Sistema Nacional Anticorrupción, corresponde ahora iniciar la construcción de las estructuras que llevarán a cabo las tareas de esta política de Estado. Esto incluye, como punto medular, la designación de funcionarios que tendrán a su cargo estas importantes responsabilidades, la disposición de los recursos necesarios y la integración de la sociedad civil para que contribuya a estos proyectos.

En este sentido, cabe mencionar que en diciembre pasado se llevó a cabo la firma de convenios de coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las Entidades Fiscalizadoras de los estados a través de los cuales las partes se comprometen a avanzar en la homologación de sus praxis, a la implementación de normas profesionales comunes, a complementar sus esfuerzos a fin de alcanzar una mayor cobertura en sus revisiones y a promover la máxima publicidad de sus hallazgos. Se trata, prácticamente, de un relanzamiento de las bases de la fiscalización en México.

Del mismo modo, se acordó llevar a cabo una reestructuración sustantiva de los distintos Grupos de Trabajo que integran el Sistema Nacional de Fiscalización, con el fin de que ofrezcan los insumos necesarios a la política anticorrupción del país; quiero destacar al respecto la disposición de la Secretaría de la Función Pública para alcanzar los acuerdos pertinentes y la renovación de su compromiso en esta labor. Queda una tarea considerable y compleja, que es la integración de los sistemas anticorrupción a nivel estatal, y en la que deberemos cooperar todas las partes involucradas, incluyendo a los Legislativos estatales.

Será necesario dar seguimiento a lo que sucede con los auditores superiores estatales cuyas entidades federativas han experimentado un cambio de gobierno. El hecho de que sean destituidos sin mediar una razón administrativa y/o técnica transparente, representa una seria amenaza al éxito de la implementación de los sistemas locales anticorrupción; deja entrever una falta de compromiso con la institucionalidad, la autonomía e independencia de los fiscalizadores y, lo que es peor aún, refleja una inadecuada lectura de los actores políticos respecto a la nueva realidad que enfrenta México.

Adicionalmente, la ASF inicia una etapa de transición, al cumplirse en diciembre de 2017 el periodo marcado por Ley para ratificar al actual titular, o bien abrir el proceso de renovación de su mando. Si bien esta situación obliga a llevar a cabo una serie de tareas administrativas al interior de la institución, las líneas generales de su actuación se mantendrán invariables, y con el esfuerzo de todos sus integrantes se continuará avanzando en la labor de arraigar en la cultura administrativa de México la obligación de promover la rendición de cuentas ante la ciudadanía, cuyo interés es el fin último de toda acción de gobierno. Aprovecho este espacio para desear a los lectores lo mejor para 2017


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