Nueva concepción de las auditorías estatales

08 / dic / 2016

La presente es una coyuntura adecuada para refundar a la institución de la fiscalización superior en los estados

Cuando se promulgó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), se reconoció el papel preponderante de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en esta nueva política del Estado federal mexicano.

De manera implícita, se asumió que la auditoría gubernamental contribuye a los objetivos del Sistema en dos vertientes: la primera se refiere al valor de la información que se genera como resultado de la fiscalización practicada y que se plasma en los informes de auditoría, para la toma de decisiones de distintos grupos de interés, incluyendo, de manera principal, al Poder Legislativo y a los propios entes auditados; mientras que la segunda se orienta a la vinculación entre los hallazgos de auditoría y la aplicación de sanciones en los ámbitos administrativo y penal.

Este posicionamiento de la fiscalización no debe dejar a un lado al nivel estatal. Por ello, es indispensable que la legislación de las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL), esté alineada con el nuevo marco de atribuciones de la ASF. Esto nos lleva necesariamente al tema prioritario de la independencia y autonomía, así como al problema que representa la adecuación estructural y de capacidades de dichos órganos auditores.

Si bien en la normativa de muchos estados se hace mención a los principios que garantizan la confiabilidad de los resultados de las revisiones practicadas, a partir de la imparcialidad y juicio objetivo de las instituciones responsables de la vigilancia del uso de los recursos públicos, subsisten importantes brechas en cuanto a la verdadera capacidad de autogestión de las EFSL y su inmunidad a presiones externas.

Una parte importante del problema radica en la poca valoración que, en ocasiones, se hace de la labor auditora. Los vaivenes en la política estatal afectan la continuidad de un trabajo que requiere ser percibido como completamente separado del gobierno en turno. No se reconoce la importancia que, inclusive, tiene una fiscalización superior efectiva para propiciar la mejora de la gestión gubernamental en la esfera estatal. Por consiguiente, no entra dentro de la concepción ciudadana que la auditoría gubernamental busca la defensa del interés general y el mejoramiento de la operación de las dependencias del Estado.

La presente es una coyuntura adecuada para superar estas situaciones y refundar a la institución de la fiscalización superior en el contexto de la administración estatal. El papel que deberán desempeñar en materia anticorrupción depende fundamentalmente de que la sociedad civil las asuma como entes confiables, técnicamente capacitados y cuya información contribuya sustancialmente a abatir la comisión de irregularidades y propicie un ambiente de control que desincentive actos ilegales. Dada la condición actual de algunas EFSL, esta identificación no puede darse.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ha dado a la fiscalización superior un rol de gran importancia para la consecución de sus metas; esto conlleva una inversión sostenida, tanto desde el punto de vista financiero, como de la creación de capacidades de los funcionarios encargados de dichas responsabilidades. Esto debe ser reconocido por todos los sectores involucrados —incluyendo a las Legislaturas locales— como una obligación que hay que cumplir a la brevedad.

En este orden de ideas, se inserta la firma de un convenio entre la ASF y las EFSL, a llevarse a cabo el próximo 19 de diciembre, en el contexto de la nueva ley que regula la actuación del órgano de auditoría federal, con el objeto de definir con precisión cómo se llevará a cabo la fiscalización de las participaciones federales, así como los criterios de coordinación entre estas instituciones. Este evento debería convertirse en una especie de acto fundacional de la nueva realidad de la fiscalización en las entidades federativas.

Auditor Superior de la Federación


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SNA: señales de efectividad

10 / nov / 2016

A casi cuatro meses de la publicación del marco legal que rige el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aún no es del conocimiento público la manera en la que funcionará esta estrategia del Estado mexicano. Ciertamente, para la población no especializada en temas de administración pública, la existencia de un conjunto de leyes resulta abstracta, en tanto que no permite una visualización sencilla de qué va hacer cada quien.

Distintas instituciones, entre las que destaca la Auditoría Superior de la Federación, deberán ajustar su actuación para llevar la práctica un esquema de coordinación, intercambio de información y el desarrollo de procesos concurrentes para determinar la existencia de irregularidades, la aplicación de sanciones y la modificación de estructuras y prácticas conducentes a la afectación del interés general.

No sólo se trata de un esfuerzo gubernamental; en la concepción sistémica de esta iniciativa juegan un papel central la participación ciudadana, la presión de la opinión pública y la manera en cómo se conforman las expectativas sociales en relación con lo que se consideraría, en el colectivo, un combate efectivo de la corrupción

Un indicador de que el SNA está funcionando radica en la posibilidad de que una inquietud social se convierta en un tema de Estado. Si se logra que una denuncia ciudadana, sustentada con información obtenida a través de las políticas de transparencia derive en un trabajo de fiscalización, que a su vez tenga consecuencias penales y administrativas y que, inclusive, propicie modificaciones relevantes en la normativa, entonces estaremos hablando de un sistema efectivo.

Otra de las características de este nuevo entorno es que los productos que tradicionalmente generaban los entes involucrados en la auditoría gubernamental, adquirirán una mayor importancia y permitirán constituirse en instrumentos de cambio institucional.

Por ejemplo, la ejecución de revisiones por parte de los entes fiscalizadores superiores tiene una utilidad en sí misma, ya que proporciona una imagen fidedigna del uso de recursos presupuestales. Sin embargo, en contexto del SNA adquirirán un valor adicional puesto que permitirán la detección, bajo determinados supuestos, de problemas que se ubiquen de manera transversal en la administración pública de nuestro país.

El definir la recurrencia de este tipo de prácticas, es el primer paso para establecer medidas correctivas y preventivas, no sólo aplicables al supuesto de la auditoría original, sino extensibles a la totalidad de las situaciones similares.

Parte del diseño del SNA era generar un efecto multiplicador como el mencionado, es alentador que la fiscalización, el control interno, la transparencia, la participación ciudadana, así como la imposición de sanciones, pueden traducirse en una rendición de cuentas más efectiva que, hay que recordarlo, debe tener el interés del ciudadano como punto focal de todos los esfuerzos.

Respecto a lo que la ciudadanía puede esperar de este nuevo modelo de combate a la corrupción, es necesario ser realistas sobre los verdaderos alcances del Sistema en el corto plazo, con el fin de no generar un sentimiento de frustración social e inclusive de animadversión.

Todos estos temas serán tratados, bajo diferentes perspectivas, el día de hoy en el seminario “Desigualdad Social y Corrupción: el Estado bajo captura”, que organiza la Red por la Rendición de Cuentas. Invito a los lectores a que den seguimiento a las discusiones y conclusiones de este evento en el sitio http://congreso.rendiciondecuentas.org.mx/

 

Auditor Superior de la Federación


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ASF y OCDE: un ejercicio de rendición de cuentas

13 / oct / 2016

El ejercicio de la fiscalización superior supone que una entidad tenga a su cargo la revisión de la gestión de todos aquellos entes que hagan uso de recursos públicos. Pero, si el ente auditor es también
receptor de fondos presupuestales, es legítimo hacer la pregunta respecto a la manera en que éste rinde cuentas de su actuación.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), como cualquier organización gubernamental, debe hacer transparente, tanto el uso que hace de los dineros públicos, como su desempeño y acciones. Si bien la normativa aplicable tiene previstos mecanismos específicos para que la ASF rinda cuentas, un elemento central es que esta institución se sujete a revisiones formales por parte de organismos de probada reputación y solvencia técnica, lo que constituye una buena práctica reconocida a nivel internacional.

El pasado 10 de octubre, la OCDE presentó el Estudio sobre Gobernanza Pública del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) en el que se plantean las fortalezas y debilidades de la fiscalización en México, que incluye el ámbito estatal.

La parte central del reporte que recibimos la constituye las recomendaciones preliminares, ya que dicha información será uno de los insumos principales para que la ASF comience a diseñar una estrategia de transición para afrontar los importantes retos que impone el nuevo marco normativo, y que incorpora las disposiciones para luchar contra la corrupción.

La OCDE resaltó la necesidad de fortalecer la autonomía y capacidades de gestión de los órganos fiscalizadores locales, así como establecer mejores mecanismos de coordinación, evitar duplicidades y traslapes en el desarrollo de las actividades de auditoría, ampliar la cobertura de la fiscalización, generar estrategias de fortalecimiento institucional y de creación de capacidades, mismos que están siendo atendidos puntualmente en el contexto de los trabajos del SNF.

En lo concerniente al tema de la autonomía e independencia de las entidades de fiscalización superior locales, el Estudio deja de manifiesto que ambos constituyen una condición indispensable para asegurar que la auditoría gubernamental contribuya a alcanzar los objetivos del SNF. Estos factores deben de ir acompañados por prácticas de máxima publicidad de los informes de auditoría, presupuestos suficientes y la homologación de las capacidades técnicas del personal que labora en estas instituciones respecto a las de la ASF.

Adicionalmente, tres elementos del estudio resultan de especial trascendencia: (1) la adaptación de nuestra metodología de planeación y programación conducente a conservar una visión técnica, neutral y objetiva; (2) la relevancia de aprovechar el vínculo entre la ASF y el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) para incentivar la adopción de innovaciones en materia de datos abiertos, entre otras, y (3) la salvaguarda de la posición estratégica que la ASF ocupa como ente fiscalizador, es decir, el producto principal de la institución es y seguirá siendo la ejecución de auditorías.

Tener en claro estas nociones es clave para lograr un equilibrio entre las visiones que acotan el valor de las fiscalización superior a la mera imposición de sanciones, y las que, en cambio, proponen concebir a la auditoría gubernamental como una herramienta que favorece la gobernanza del sector público en su conjunto.

Este ejercicio es muestra del proceso de rendición de cuentas con el que está comprometida la ASF y representa un valor añadido en tanto que la experiencia de los países que colaboraron con la OCDE —Alemania, Brasil, Estados Unidos y los Países Bajos— avalan la confiabilidad y validez de las recomendaciones realizadas.


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