Entender el Sistema Nacional Anticorrupción

20 / jul / 2017

El camino que ha llevado a la integración del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), emprendido hace casi tres años, es muestra de los logros alcanzados en materia de la necesaria construcción de consensos para la implementación de una política pública de tal envergadura; sin embargo, no ha estado exento de situaciones en las que se han manifestado críticas respecto a la manera como se han integrado sus componentes, o bien acerca de su funcionamiento.

No debemos caer en la confusión de que la operación del Sistema tuvo su punto de partida el 19 de julio de 2017 con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades; el SNA ya estaba funcionando previamente. La estructuración del Comité de Participación Ciudadana, incluyendo a su Comité de Selección, debe considerarse como el verdadero inicio de este proyecto.

En esta primera etapa se procedió con un nivel de transparencia y apertura inédito, más aún si se tiene en cuenta la complejidad del asunto, el malestar que la corrupción produce en el tejido social y la dificultad de desprender una serie de posturas subjetivas de los elementos técnicos que lo constituyen. Por ello, considero muy delicado que algunas expresiones de distintos actores -basadas en una perspectiva estrictamente personal- tengan como objeto, o arrojen como resultado, el descrédito de este esfuerzo institucional.

Veo con entusiasmo que haya manifestaciones ciudadanas en defensa del Sistema; no obstante, es fundamental puntualizar que el SNA no constituye un mecanismo de solución inmediata de temas específicos vinculados con la corrupción, ni fue diseñado para actuar como una instancia paralela de investigación y de procuración de justicia. Estamos frente a un fenómeno de larga data que ha permeado ampliar áreas del ejercicio gubernamental y privado; no va a ser fácil revertir la enorme inercia existente en el corto plazo, ni es razonable concentrar todas las capacidades en acciones efectistas para la coyuntura, pero ineficaces para la consecución de los objetivos del SNA.

El Sistema abre un espacio central a la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción; esto, sin embargo, debe plasmarse en una coordinación efectiva entre sociedad y autoridades. La base del Estado de Derecho consiste en que las instituciones se circunscriban a actuar conforme su mandato y de acuerdo a la ley; no pueden apartarse de los mismos para satisfacer demandas de carácter mediático, que deben canalizarse por vías apropiadas. Esto muestra también la necesidad de profundizar en la coordinación interna del Sistema, con el objetivo de que los recursos previstos sean empleados de la manera más adecuada.

El día de ayer venció el periodo para la integración de los Sistemas Anticorrupción Locales; treinta y dos sistemas que deberán reflejar las atribuciones y estructura del constituido a nivel federal. En ese sentido, la ASF avala categóricamente lo que se ha creado hasta el momento, puesto que, a nuestro parecer el SNA ofrece la única vía practicable para analizar y resolver, de manera objetiva, técnica y coordinada, las situaciones estructurales en la gestión pública que generan condiciones de impunidad, falta de transparencia y discrecionalidad. A través de la implementación de un ambiente de control, en el que el funcionario esté consciente de que su actuación está siendo examinada y que las irregularidades tendrán consecuencias, será posible reducir la incidencia de este problema.

En días pasados presentamos una propuesta de temas a integrar en el Plan de Trabajo del SNA, entre los que se encontraba la necesidad de discutir a fondo cuáles son los requerimientos financieros y materiales para apoyar las tareas de procuración de justicia en el país, o un análisis de riesgos en la operación del propio Sistema y los de los estados; seguimos creyendo que abordar asuntos de carácter transversal es de la más alta prioridad. La sociedad tiene altas expectativas en este proyecto; no la defraudemos destruyendo lo que apenas empezamos a construir.


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Primera entrega de Informes Individuales: ¿qué esperar?

24 / jun / 2017

El próximo 30 de junio, de acuerdo con las modificaciones introducidas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, tendrá lugar un evento que representa un hito en la fiscalización superior en nuestro país: la primera entrega de informes individuales a la Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Vigilancia.

Hasta antes de la reforma de 2016, por disposiciones legales, los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública eran dados a conocer catorce meses después del cierre del año fiscal revisado, lo que ocasionaba constantes cuestionamientos de los propios legisladores, y de otros sectores, respecto al retraso considerable de la emisión de las observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre todo, a la luz de no llegar a tiempo para servir como referencia para los debates sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El nuevo mecanismo está basado en la consideración de que la labor fiscalizadora puede tener más utilidad para sus usuarios si la presentación de los resultados se segmenta en varios momentos a lo largo del año; esto permitirá el establecimiento de una dinámica distinta, caracterizada por una mayor oportunidad y, por consiguiente, la posibilidad de que los insumos generados por la auditoría gubernamental incrementen su relevancia en la labor legislativa.

Se prevé que los informes individuales —que corresponden a cada auditoría realizada— sean presentados en tres entregas: en los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente; en esta última fecha los informes individuales restantes se acompañarán, como quedó consignado en la Ley, de un Informe General Ejecutivo.

De esta manera, el concepto que se utilizaba previamente, el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública”, y que agrupaba a la totalidad de las revisiones practicadas a un año fiscal determinado, fue transformado, a fin de subrayar el peso que puede tener una revisión en particular para referencia del Poder Legislativo y otros grupos de interés.

Tal y como se ha realizado hasta ahora, en los informes individuales se dará cuenta de las observaciones, recomendaciones y acciones que se deriven de las revisiones practicadas. Cabe aclarar que, con la notificación del respectivo Informe Individual a las entidades auditadas, por parte de la ASF, quedarán formalmente promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones a las que haya habido lugar. Esto es importante, puesto que permite acelerar los tiempos para la solventación de los hallazgos o el inicio de las acciones subsecuentes, como podrían ser el comienzo de los procedimientos resarcitorios.

Poco a poco, los mecanismos previstos para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, incluyendo las modificaciones al proceso de fiscalización superior, van tomando su lugar. Estas disposiciones obligan a todas las instituciones involucradas a introducir modificaciones en sus rutinas administrativas, pero sobre todo, en el enfoque de sus actividades dentro del marco de un contexto más complejo y en el cual se han fijado grandes expectativas.

En aquellos temas de la competencia de la ASF, mantendremos nuestro compromiso de suministrar a los legisladores, la ciudadanía y los medios de comunicación, información objetiva y confiable respecto a la gestión de los recursos públicos; componente central para la mejora administrativa y el diseño de medidas preventivas en materia de la lucha contra la comisión de actos irregulares o contrarios al interés general.


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Fiscalización de la Cuenta Pública 2016

06 / jun / 2017

Más información en http://www.asf.gob.mx/Publication/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias