El significado de la labor de la ASF

02 / mar / 2017

El mes de febrero tradicionalmente ha sido significativo para la Auditoría Superior de la Federación, puesto que enteramos a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados respecto al resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública.

En nuestros informes se consignan las observaciones y acciones derivadas de la revisión de un conjunto sustancial de entidades públicas, programas y políticas gubernamentales.

Asimismo, contamos con la oportunidad de dirigirnos, de una manera más directa, a un amplio auditorio —integrado por legisladores, ciudadanos, instituciones académicas y de investigación, medios de comunicación y formadores de opinión— a través de la publicación del documento denominado Informe General, en el que ofrecemos un diagnóstico de la situación de la administración pública en el país a partir de un análisis de riesgos y áreas vulnerables en la gestión gubernamental, mismo que está disponible en nuestro sitio web.

Necesariamente, tras la ejecución de mil 643 auditorías, se genera un importante número de hallazgos; sin embargo, es preciso poner estas cifras de la fiscalización en un contexto adecuado, así como entender esta primera presentación como parte de un proceso que no se agota con su presentación ante los diputados y que prevé plazos legales para que las partes involucradas puedan manifestar lo que a su derecho convenga y solventar las observaciones correspondientes.

Para quienes conocen de manera más cercana el proceso de la auditoría gubernamental esto puede parecer claro, sin embargo, el ciudadano común que accede a esta información puede verse abrumado por un volumen enorme de datos, o tener la percepción de que existen severas deficiencias en todos los renglones de la vida pública y que éstas, en la mayoría de los casos, quedan impunes. Considero impreciso concebir el ejercicio fiscalizador como un mero generador de escándalos mediáticos vinculados con la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia, en términos de avanzar hacia una administración más eficiente y orientada a favor de satisfacer las necesidades de la población.

El objetivo de llevar a cabo este tipo de revisiones no busca condenar, a priori, a los ejecutores del gasto, ni basarse en el prejuicio de que, seguramente se encontrarán irregularidades.

Una auditoría busca establecer si existen brechas entre el mandato que se le da a una institución y los resultados obtenidos; se intenta definir si el ente cumplió a cabalidad con la normativa; si se alcanzaron los objetivos de determinado plan; si se generó correctamente la documentación probatoria; si los recursos presupuéstales se aplicaron debidamente. No se presupone nada; son los datos los que hablan.

El deber del auditor es consignar, de manera clara y precisa, lo que se desprende de la revisión efectuada; no tiene por consigna encontrar irregularidades o errores. Asimismo, el auditor tiene como línea de base la defensa del interés del ciudadano; no puede hacer caso omiso de ninguna situación que comprometa el bien común.

Constantemente se habla de la necesidad de dotar a la Auditoría de capacidades judiciales para que sancione, de manera inmediata, cualquier desvío observado; esta concepción no toma en cuenta que no se puede ser fiscal y juez al mismo tiempo, so pena de caer en serios conflictos de interés o de actuar a impulsos de lo que determinados sectores de opinión sostienen. El pretendido “tribunal” de la opinión pública no puede constituirse como parámetro válido para juzgar si una auditoría cumplió o no su cometido en función de si resultó en la aplicación de sanciones “ejemplares”.

La fiscalización superior, para ser creíble, debe mantener una línea absolutamente clara respecto a su actuación y a los límites de ésta; representa un importante patrimonio para entender, de manera objetiva y basada en hechos, que está operando correctamente, o dónde existen problemas que sea preciso atender. Confiamos en el poder del ejercicio público y de las instituciones gubernamentales para tener una sociedad más justa y que ofrezca mejores oportunidades a través de revisar de manera crítica su actuación y señalar con claridad los obstáculos existentes.


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Presencia ciudadana, garantía de equilibrio

02 / feb / 2017

Los tiempos señalados en los ordenamientos jurídicos que enmarcan la gestión del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) siguen su marcha, y esta semana tuvimos la satisfacción de ser testigos de la integración del Comité de Participación Ciudadana, instancia que constituye una de las piedras angulares de esta política de Estado.

Es posible afirmar que el proceso de elección fue ejemplar: la Comisión de Selección estableció reglas claras y mantuvo un contacto permanente con la opinión pública respecto a los avances de las distintas etapas hasta desembocar en la composición de este cuerpo colegiado.

En medio de un ambiente enrarecido por una serie de situaciones complejas para el interés nacional, la Comisión conservó escrupulosamente separado este tema técnico de cualquier consideración de índole política. Es también alentador que las distintas fuerzas hayan mantenido una actitud responsable y no buscaran capitalizar este procedimiento para efectos distintos a su causa.

Precisamente, es relevante recordar cuál fue el espíritu que animó a los legisladores en la definición de las distintas instancias que conforman el SNA, particularmente el área no gubernamental. El Comité de Participación Ciudadana fue diseñado como parte de la concepción moderna de la administración pública que posiciona a la sociedad como el cliente-receptor de la acción del Estado; en un contexto de apertura democrática, transparencia y rendición de cuentas, la presencia de la sociedad resulta indispensable.

En este sentido, el Comité se inserta como el eje que debe canalizar, objetiva y estructuradamente, las demandas de la colectividad respecto al tema de la corrupción y someterlas a un análisis técnico, más allá de un manejo mediático o que responda a consideraciones personales. El representar a una sociedad agraviada y escéptica conlleva una gran responsabilidad pero, al mismo tiempo, una oportunidad histórica. Adicionalmente, este Comité debe fungir como un puente con el sector privado, a fin de generar conciencia sobre la corresponsabilidad en el fenómeno de la corrupción, y a la aportación que los distintos actores de la sociedad pueden dar para su control.

Por otra parte, la presencia ciudadana en el contexto del SNA está llamada a ser un contrapeso a las distintas instituciones oficiales que lo integran. En el Comité Coordinador participan la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción; ante esta composición, la instancia ciudadana deberá asegurarse de salvaguardar el interés y la voz de la sociedad.

Asimismo, se debe informar a la sociedad con claridad que el Comité de Participación Ciudadana no se convierte en rector de las instituciones que integran el SNA, ni suple sus mandatos legales. Es a partir de este momento en el que la estrategia de comunicación respecto a los verdaderos alcances del SNA adquiere un peso definitivo para evitar la creación de falsas expectativas e iniciar con firmeza el camino para alcanzar sus objetivos.

Finalmente, la designación de la doctora Jacqueline Peschard Mariscal para presidir el Comité es una señal clara de la existencia de un compromiso para generar confianza y satisfacer las expectativas de la sociedad. Deseamos asimismo a Mariclaire Acosta Urquidi, Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha y Alfonso Hernández Valdez el mayor de los éxitos en esta importante tarea, y les ofrecemos la total colaboración de la Auditoría Superior de la Federación y del Sistema Nacional de Fiscalización.


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Fiscalización de la Cuenta Pública 2016

24 / ene / 2017

Más información en http://www.asf.gob.mx/Publication/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias


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