El servidor público del siglo XXI

07 / abr / 2015

A fines del siglo pasado, con el surgimiento de una serie de equilibrios en la vida política del país, surgió la figura del ciudadano-cliente, receptor de bienes y servicios del Estado.

Asimismo, a un nivel más complejo, se hizo evidente que una democratización política no era suficiente, si no se veía reflejada en una relación más horizontal y directa entre el Estado y las personas, basada además en principios como la transparencia y la rendición de cuentas.

Cuando el individuo deja de ser un súbdito para convertirse en un ciudadano, la responsabilidad de quienes ostentan un cargo público se acrecienta sustancialmente, puesto que no existe otro factor que dé legitimidad a su ejercicio del poder, si no es el de apegarse a una serie de valores y actuar teniendo como fin último el interés de la sociedad.

Este cambio de paradigma sorprendió a muchos funcionarios, independientemente de su nivel jerárquico o de su adscripción en los ámbitos federal, estatal o municipal del gobierno, acostumbrados a una percepción patrimonialista de sus funciones, a un grado de autonomía y discrecionalidad prácticamente ilimitado y a una actitud laxa respecto a los principios de la ética pública y de la obligación de hacerse responsables de los resultados de sus actos.

En la teoría económica se dice que la convivencia entre gobernante y gobernado se da en el marco de limitaciones formales -leyes y normas-, e informales, las cuales son reglas que nunca han sido ideadas conscientemente y que a los miembros de una sociedad les interesa observar.

Pues bien, desde mi perspectiva, las limitaciones informales en nuestra realidad actual están definidas por una expectativa de comportamiento íntegro y honesto de los actores de la sociedad. Este cambio es aún incipiente y así hay que entenderlo; su consolidación tomará tiempo, pero hay que contribuir a que se desarrolle en todos los ámbitos.

Desde la relación que entablan los escolares hasta el cumplimiento de la palabra dada, nuestra sociedad se ha ido sensibilizando hacia el valor real que tiene la integridad, la dignidad y el respeto. Baste reflexionar sobre cómo eran, hace 20 años, las percepciones acerca de asuntos de género o minorías.

En el ámbito gubernamental, estas limitaciones informales, se reflejan en la aparición del consenso existente respecto a la necesidad de un cambio de fondo y de lo indispensable que resulta la credibilidad para dar fundamento a la acción estatal.

Un funcionario que pretenda desempeñarse en este ambiente tiene que ser sensible a estos factores: no hay cabida para una concepción caduca. Es necesario visualizar a lo público como una casa de paredes de cristal, donde todo lo que se haga puede y debe ser sujeto al escrutinio de la ciudadanía, y en la que toda decisión debe estar sustentada en la persecución del bien común.


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Las consecuencias del informe de la ASF

05 / mar / 2015

Como es del conocimiento del lector, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se presentó ante la Cámara de Diputados el pasado 18 de febrero. Ya es tradicional, por así decirlo, que en las semanas siguientes se presente un gran cúmulo de reacciones en los distintos medios de comunicación, conforme empieza a darse a conocer el contenido de distintas auditorias que tienen resonancia en el interés público.

Hay que señalar que, de conformidad con el marco legal que rige el proceso de fiscalización en México, es preciso tener en cuenta que la presentación de los resultados es únicamente una etapa; los entes auditados cuentan con un periodo específico para ofrecer a la ASF documentación y alegatos en respuesta a las observaciones planteadas en las revisiones.

A mi parecer, se pueden distinguir tres tipos de reacción a los resultados de la fiscalización: el primero se basa en notas de reacción inmediata que buscan temas no identificados, en una primera instancia, por los medios en competencia.

El segundo se refiere a una evaluación crítica que se caracteriza por llegar a una conclusión generalizada de que el sector público presenta serias deficiencias e incurre, sistemáticamente, en actos irregulares como parte de su funcionamiento.

Una tercera opción está representada por distintos formadores de opinión que, con base en el análisis de casos particulares, buscan ofrecer al público una aproximación centrada en aspectos estructurales, así como plantear alternativas para su solución.

En un país democrático, estas alternativas, y otras más, contribuyen a enriquecer el debate, y aportan elementos que pueden resultar complementarios en aras de obtener un panorama general de lo que para la sociedad implican las observaciones y hallazgos de la revisión del uso de los recursos públicos.

Creo que todo intercambio de puntos de vista que coadyuve al establecimiento de modificaciones de fondo que permitan alcanzar un mejor nivel en cuanto a la gestión pública es bienvenido; nuestro cometido es ofrecer información independiente y objetiva para que la Cámara de Diputados, los entes auditados y el público en general, cuenten con elementos para que, en sus respectivos ámbitos de acción, contribuyan a modificar las condiciones que ponen en riesgo la eficacia y la eficiencia del ejercicio gubernamental.

En atención a la situación actual del país y la visión que se tiene en cuanto a temas como credibilidad en las instituciones, la cuestión de las sanciones ocupa un lugar preponderante en la demanda pública. Es evidente que el Estado, en todos sus niveles, tiene la obligación de sancionar, conforme a la ley, cualquier acción irregular que sea detectada. Sin embargo, yo he mantenido que la sanción, cuando no forma parte de un sistema integral acompañado de acciones preventivas y de control, se limitará a casos específicos sin que éstos tengan un efecto demostrativo que influya en los incentivos existentes para actuar de manera inadecuada.

Este, como otros temas, forma parte del entramado que se propone para sustentar un eventual Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que existen motivos para mantener una expectativa favorable respecto al futuro de la rendición de cuentas en el país.


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¿Qué esperar del Informe de la ASF?

18 / feb / 2015

En México, para el ciudadano común, la imagen de lo público es negativa. Esto incluye a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Quienes participamos en tareas del sector público enfrentamos el escepticismo de amplios sectores ciudadanos.

Esta avasallante realidad se alimenta de lo que pasa hoy pero, en realidad, es el resultado de la distancia que el funcionario público ha generado, desde hace décadas, entre su trabajo y el interés social.

La democracia, pensábamos, solucionaría esta relación de desconfianza. Ahora, queda claro que fuimos ingenuos. Un cuerpo enfermo no necesariamente se cura por el simple hecho de cambiar de doctor, o por renovar la manera en cómo se elige a éste. Una familia fracturada no soluciona sus problemas sin tener que pasar por el amargo trance de una crisis. Creo que ahí es dónde estamos ahora.

Tal vez en 30 o 40 años, con una mayor perspectiva, se pueda entender que esta etapa de desconfianza -donde hay un clamor para que la integridad, la eficiencia, la eficacia y la economía se instalen de manera definitiva en la cotidianidad de los servidores públicos- era necesaria para encontrar un rumbo positivo.

Esta transformación no debe concebirse como algo mágico; por el contrario, debe consistir en establecer una cultura de legalidad, orden, control y rendición de cuentas, creando un sistema donde cada funcionario público enfrente un ambiente liderado por la fiscalización, la transparencia y las sanciones efectivas, en el que sus incentivos personales se alineen con el interés público. De hecho el choque entre el interés personal y de la mayoría, en una democracia, debería catalogarse como conflicto de interés.

Hay dos factores que deben ser ponderados, por quienes toman las decisiones políticas en este país, a fin de contribuir, en la práctica, a que se den los cambios necesarios.

El primero es aceptar que esta etapa negativa de credibilidad e imagen no es un asunto de partidos, es un asunto de Estado. Con base en los argumentos expuestos, se puede construir la hipótesis de que esta crisis se suscitaría independientemente de la composición partidista de gobiernos y entidades públicas. En tanto no se conciba la solución como un asunto sistémico, no hay margen para el optimismo.

Segundo, los problemas vinculados con la gestión gubernamental trascienden al año fiscal. Es cierto que por facilidad operativa, el funcionamiento de los entes públicos debe medirse por años. El presupuesto se aprueba de esa manera y la Cuenta Pública se elabora sobre una base anual. Sin embargo, los incentivos que enfrentan los funcionarios públicos no son anuales sino permanentes; esa es la respuesta a la reiterada pregunta “¿qué partido en el poder fue peor o mejor en cuanto al manejo de los dineros públicos?”.

En este contexto, hoy la ASF presenta el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013. Esta entrega incluye mil 402 auditorías, ocho evaluaciones de políticas públicas y tres estudios. Se incorpora, como lo comenté en otras participaciones, un Informe General en el que se identifican trece áreas del sector público con riesgos que propician la recurrencia de observaciones y que van más allá del año que se revisa.

Sin dejar de cumplir con el marco legal vigente, el Informe que presenta la ASF contribuye a una visión de largo plazo en la búsqueda de que su labor trascienda las coyunturas políticas.


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