El valor del control interno

10 / jul / 2014

Cuando los reporteros y periodistas me preguntan sobre la razón por la que cada año hay recurrencia en las observaciones que emite la Auditoría Superior de la Federación como resultado de su labor de fiscalización, la respuesta que primero me viene a la mente es la falta de control interno en las dependencias públicas.

¿Por qué no hay un marco de integridad y ética en las instituciones? ¿Por qué su información financiera y contable no es confiable? ¿Por qué se realizan actividades sin supervisión? ¿Por qué no se prevén asuntos supervinientes? ¿Por qué no hay conocimiento en las instituciones respecto a los objetivos institucionales? La respuesta es la misma: por falta de control interno.

El control interno conlleva un enfoque preventivo con la finalidad de evitar casos potenciales de errores, abuso, desperdicio y corrupción al interior de las instituciones públicas.

Estoy consciente de que el concepto de “control interno” puede resultar complejo y ajeno; incluso suele pensarse que sólo se trata de la auditoría interna de una institución. Sin embargo, en términos generales, el control interno es el conjunto de medidas (incluida la auditoría interna) que instrumenta una institución para reducir riesgos y asegurar el cumplimiento de sus objetivos.

En cuanto a la percepción de lejanía o de poca relevancia, hay que destacar que, en la medida en que las instituciones públicas cuenten con un control interno efectivo, podemos confiar en que están cumpliendo con sus objetivos y haciendo buen uso de los recursos públicos que provienen de nuestros impuestos y que les son asignados para brindarnos bienes y servicios.

En este contexto, la promoción de la cultura del control interno y su evaluación se han convertido en un objetivo estratégico de la ASF. Así, como parte del más reciente ciclo de fiscalización, se realizó una evaluación de los sistemas de control interno que incluyó 290 entes públicos del Estado Federal Mexicano, de los cuales 279 corresponden al Poder Ejecutivo Federal, dos al Poder Legislativo, tres al Poder Judicial y seis a Órganos Constitucionales Autónomos.

La evaluación se realizó con base en un modelo denominado COSO, considerado internacionalmente como la mejor práctica en la materia. El principal propósito de este ejercicio es promover el establecimiento de sistemas de control interno, orientado al logro de los objetivos institucionales y la promoción de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión pública, así como la reducción de los espacios a posibles abusos, desperdicio y corrupción.

Los resultados de esta evaluación están disponibles en el sitio web de la ASF, como parte del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 (www.asf.gob.mx). Entre los hallazgos cabe señalar que si bien se han emprendido acciones para fortalecer el control interno, aún son insuficientes para disponer de un sistema de control interno consolidado, integrado con los procesos institucionales y sujeto a la evaluación y mejora continua.

El control interno de las dependencias del Estado es un pilar dentro de un esquema de rendición de cuentas; implica transparencia, evaluación e integridad. Contar con sistemas de control interno efectivos debe ser una prioridad en la vida pública del país.

 


Etiquetas:        


Frustración social: el enfoque adecuado

07 / ene / 2014

La frustración social en México es una realidad incuestionable. Podríamos definirla como una sensación de fracaso del interés colectivo que a su vez se traduce, en la esfera de lo individual, en desamparo, debilidad e inclusive soledad frente algo indefinible pero muy poderoso.

Ante la mayor parte de los problemas que nos aquejan como ciudadanos, tenemos la tendencia a señalar, de manera tajante, un responsable único y absoluto: “el gobierno”. Este concepto incluye desde el burócrata de ventanilla hasta los funcionarios de alto nivel que aparecen en la televisión y los periódicos.

Pese a que la gama de capacidades, desempeño y habilidades en este grupo sea muy amplia, se condena en bloque a quien sirve en el Estado. Tal vez existan razones para pensar así, pero las soluciones a los problemas de nuestra sociedad no pueden partir de ese resentimiento ni reducirse a una causa única.

El primer paso, y quizá el más importante, es darse cuenta de que el gobierno y quienes ahí laboran están inscritos en un sistema mucho más complejo que abarca la totalidad de los sectores y ámbitos de la vida en nuestro país. En dicho sistema las dimensiones económica, política y social se norman por decisiones que privilegian, la mayor parte de las veces, lo particular sobre lo colectivo.

Por ello, la correcta caracterización de un sistema que, al fallar, no genera las condiciones para privilegiar el interés de la mayoría es fundamental para encauzar de manera correcta nuestra frustración social.

En lo que toca a la relación directa entre gobierno y gobernantes se ha subrayado, en múltiples ocasiones, la necesidad de establecer un verdadero sistema de rendición de cuentas en el que la fiscalización, el acceso a la información, la evaluación presupuestal y de programas, los sistemas de archivos y la contabilidad gubernamental interactúen de manera tan eficiente como efectiva, ello con el fin de que la gestión pública se enfoque a asignar, de la manera más atinada, los recursos financieros, humanos y tecnológicos disponibles para llevar a cabo acciones de impacto social que representen una diferencia real en la vida de los ciudadanos.

Esta filosofía ha sido promovida por la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), la cual agrupa a entidades públicas, instancias académicas y organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de contribuir a la definición de una política pública de rendición de cuentas.

El marco de interacción entre organismos de diversa naturaleza, y con objetivos tan variados, ha sido posible gracias a que los diagnósticos de la Red se basan en análisis que buscan establecer equilibrios y ponderaciones correctas en variables tan complejas como la pluralidad o la objetividad.

El valor de la RRC radica en que ésta se ha convertido en un microcosmos de lo que puede ser el entramado institucional mexicano relacionado con la rendición de cuentas; un espacio en donde las entidades públicas muestran un interés auténtico por mejorar su actuación, a los ojos del ciudadano, así como organizaciones académicas y de la sociedad civil que contribuyen, objetivamente, al fortalecimiento de las instituciones públicas.

La Red propicia espacios de visibilidad para diversas instancias ciudadanas, lo que genera incentivos para formar parte de análisis técnicos correctamente sustentados respecto a la rendición de cuentas.

En la Red por la Rendición de Cuentas, donde la Auditoría Superior de la Federación participa periódicamente, todos sus integrantes han podido constatar que formamos parte de un organismo que ha procurado constituirse como una instancia técnica que privilegia su consolidación de largo plazo, antes que cualquier visión coyuntural o de grupo.

Están al tanto, además, de que el marco legal que norma nuestra actuación genera un proceso de fiscalización extenso que impide una actuación oportuna; por ejemplo, la mayor parte de las acciones derivadas de nuestro informe de revisión de la Cuenta Pública 2011 se encuentran en proceso. Finalmente, comprenden que la ASF no sanciona penal ni administrativamente, porque dichas figuras no están contempladas en su mandato.

La frustración social puede operar como un catalizador y, por consiguiente, convertirse en un motor de cambio positivo; en este sentido, la RRC es un ejemplo de un impacto favorable surgido de una situación de desaliento y de demanda de acción por parte de las autoridades.

Sin embargo, el riesgo de la frustración como filtro para ver la realidad radica en que puede devenir en la necesidad absurda de ventilar la ira acumulada y buscar hacerse escuchar a costa de lo que sea, inclusive de destruir lo que se ha construido, sin lograr con ello nada de valor, salvo un muy relativo desahogo, que puede resultar estéril.


Etiquetas:   


Hacia una política de prevención

La situación geográfica de nuestro país, su perfil económico y la precariedad de muchos asentamientos humanos hacen de México un país propenso a sufrir una serie de problemáticas generadas por fenómenos naturales imposibles de predecir y que, por sus efectos, laceran el tejido social, afectan la infraestructura y comprometen el desarrollo económico del país.

 Ante lo inevitable de estas eventualidades, resulta necesario que las instituciones públicas estén preparadas para poder actuar, de manera expedita, a fin de atender las necesidades de la población afectada. La adopción de planes de contingencia y la implementación de medidas preventivas son clave para alcanzar este objetivo.

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) pueden coadyuvar a este esfuerzo institucional con una importante aportación: vigilar la apropiada y eficaz utilización de los recursos públicos, promover una gestión gubernamental eficiente y apegada a derecho, así como proporcionar a la ciudadanía información confiable y neutral sobre la gestión pública.

La atención a un desastre natural, desde la perspectiva de la administración pública, implica tomar una serie de acciones anteriores, inmediatas y posteriores a la ocurrencia del fenómeno.

Existen distintos planes y políticas tendientes a prevenir la ocurrencia de desastres, o bien para contar con la infraestructura y los recursos materiales y humanos para enfrentar una catástrofe, sea esta sísmica, hidrológica o climática.

En la etapa de emergencia —que inicia con la declaratoria de desastre natural—, los esfuerzos se enfocan a la activación de los planes existentes para la búsqueda y el rescate de víctimas, así como el aprovisionamiento de comida, agua, albergues, y asistencia médica.

Elementos como el restablecimiento de opciones emergentes de servicios de salud, agua potable, infraestructura básica, así como las cadenas de abastecimiento de bienes y servicios corresponden a la etapa de rehabilitación.

Finalmente, se procura que la zona afectada regrese al estado previo al fenómeno destructivo mediante la reconstrucción de vivienda, puentes, carreteras, servicio de agua, escuelas, clínicas y hospitales, para que la población pueda volver a sus actividades productivas y sociales habituales.

En las distintas etapas existen riesgos reales respecto al inadecuado uso de los recursos de que se pueda disponer, tanto a través de la solidaridad de la sociedad como los proporcionados a nivel federal, estatal y municipal, por lo que es necesario aplicar distintas medidas de control para que la acción de las distintas agencias de gobierno fluya de manera coordinada y pronta.

Entre estas medidas están, por ejemplo, promover un registro adecuado sobre la distribución de la ayuda, definir con precisión las responsabilidades y atribuciones de los actores, generar un padrón confiable de damnificados, hacer una evaluación correcta del monto de la afectación y los recursos para subsanarla, así como observar la adecuada coordinación entre las autoridades competentes.

Ante la ocurrencia de estos eventos catastróficos, las EFS pueden incidir en el mejoramiento de las capacidades gubernamentales de reacción señalando, oportunamente y de manera proactiva, medidas correctivas y preventivas a aplicarse en la acción gubernamental, revisando los controles internos de los planes y programas de contingencia, o bien estableciendo los controles necesarios para la vigilancia estricta en el uso de los recursos destinados para mitigar los efectos de los desastres.

También puede emitir informes a fin de que los ciudadanos conozcan cabalmente el ejercicio presupuestal y las acciones emprendidas en las etapas posteriores a la ocurrencia de los fenómenos.

La Auditoría Superior de la Federación, como la autoridad federal en materia de auditoría gubernamental externa, debe formar un frente común con los órganos internos de control y las entidades fiscalizadoras estatales para complementar los esfuerzos a través de la realización de auditorías correspondientes y emitir las observaciones respectivas cuando se detecten irregularidades o desvío de recursos.

Debemos subrayar que se requiere una visión integral del problema, donde lo urgente no impida ver las soluciones de fondo. Estamos actualmente trabajando en la definición de una norma para la fiscalización de las acciones gubernamentales ante casos de desastres naturales que sea de aplicación general y que ofrezca a la ciudadanía mayor certidumbre respecto a la gestión de las autoridades ante casos de emergencia.


Etiquetas: