¿Qué esperar del Informe de la ASF?

18 / feb / 2015

En México, para el ciudadano común, la imagen de lo público es negativa. Esto incluye a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Quienes participamos en tareas del sector público enfrentamos el escepticismo de amplios sectores ciudadanos.

Esta avasallante realidad se alimenta de lo que pasa hoy pero, en realidad, es el resultado de la distancia que el funcionario público ha generado, desde hace décadas, entre su trabajo y el interés social.

La democracia, pensábamos, solucionaría esta relación de desconfianza. Ahora, queda claro que fuimos ingenuos. Un cuerpo enfermo no necesariamente se cura por el simple hecho de cambiar de doctor, o por renovar la manera en cómo se elige a éste. Una familia fracturada no soluciona sus problemas sin tener que pasar por el amargo trance de una crisis. Creo que ahí es dónde estamos ahora.

Tal vez en 30 o 40 años, con una mayor perspectiva, se pueda entender que esta etapa de desconfianza -donde hay un clamor para que la integridad, la eficiencia, la eficacia y la economía se instalen de manera definitiva en la cotidianidad de los servidores públicos- era necesaria para encontrar un rumbo positivo.

Esta transformación no debe concebirse como algo mágico; por el contrario, debe consistir en establecer una cultura de legalidad, orden, control y rendición de cuentas, creando un sistema donde cada funcionario público enfrente un ambiente liderado por la fiscalización, la transparencia y las sanciones efectivas, en el que sus incentivos personales se alineen con el interés público. De hecho el choque entre el interés personal y de la mayoría, en una democracia, debería catalogarse como conflicto de interés.

Hay dos factores que deben ser ponderados, por quienes toman las decisiones políticas en este país, a fin de contribuir, en la práctica, a que se den los cambios necesarios.

El primero es aceptar que esta etapa negativa de credibilidad e imagen no es un asunto de partidos, es un asunto de Estado. Con base en los argumentos expuestos, se puede construir la hipótesis de que esta crisis se suscitaría independientemente de la composición partidista de gobiernos y entidades públicas. En tanto no se conciba la solución como un asunto sistémico, no hay margen para el optimismo.

Segundo, los problemas vinculados con la gestión gubernamental trascienden al año fiscal. Es cierto que por facilidad operativa, el funcionamiento de los entes públicos debe medirse por años. El presupuesto se aprueba de esa manera y la Cuenta Pública se elabora sobre una base anual. Sin embargo, los incentivos que enfrentan los funcionarios públicos no son anuales sino permanentes; esa es la respuesta a la reiterada pregunta “¿qué partido en el poder fue peor o mejor en cuanto al manejo de los dineros públicos?”.

En este contexto, hoy la ASF presenta el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013. Esta entrega incluye mil 402 auditorías, ocho evaluaciones de políticas públicas y tres estudios. Se incorpora, como lo comenté en otras participaciones, un Informe General en el que se identifican trece áreas del sector público con riesgos que propician la recurrencia de observaciones y que van más allá del año que se revisa.

Sin dejar de cumplir con el marco legal vigente, el Informe que presenta la ASF contribuye a una visión de largo plazo en la búsqueda de que su labor trascienda las coyunturas políticas.


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El informe de la Auditoría: objetividad versus emotividad

05 / feb / 2015

El debate público en torno a la problemática existente en la gestión gubernamental, incluyendo por supuesto el tema de la corrupción, se bifurca en dos escenarios: la emotividad y la objetividad. Una ponderación de ambas perspectivas se convierte en la guía para implementar medidas que jueguen una suerte de antídoto contra el problema que se enfrenta.

El componente emotivo se alimenta de un sentimiento de frustración, engaño y desesperanza. El reclamo se convierte en su principal producto; es valioso porque presiona para el cambio. La urgencia es quizás el sello que lo mantiene vivo, pero, al mismo tiempo, el elemento que lo puede conducir a caer en lo inmediato.

Por su parte, el factor objetivo debe basarse en soluciones sustentadas, a su vez, en evidencia, mediciones y/o experiencias documentadas, que proyecten resultados congruentes y bien dimensionados.

El choque entre ambas posturas puede estar en función de diversas variables que van desde las percepciones actuales, la calidad de la información y opiniones a disposición del ciudadano común, el nivel de satisfacción de las necesidades prioritarias, y las experiencias del pasado. El concepto de lo políticamente correcto se sesga generalmente hacia la parte emotiva y se desentiende de la frialdad de lo objetivo.

Pues bien, el ejercicio profesional de la auditoría es una disciplina que debe estar alejada, como elemental sentido de subsistencia, de la parte emotiva del debate público y del sentir social.

Dos son las herramientas con las que cuenta un auditor para poder desempeñar sus funciones cabalmente: independencia y autonomía. La independencia del auditor radica, esencialmente, en la necesidad de que sea ajeno al ente auditado, a la contienda política e, inclusive, a las corrientes de opinión pública, con el fin de realizar su trabajo sobre la base de la veracidad e imparcialidad.

Por su parte, la autonomía es una condición indispensable para que la labor de la institución que fiscaliza, se efectúe al margen de presiones e influencias externas, tanto en la parte técnica de su trabajo, como en la forma de administrar sus propios recursos humanos y financieros.

Desde mi perspectiva, el mayor valor de un ejercicio de auditoría es la información que genera sus resultados. Por ello, el próximo 18 de febrero durante la presentación del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 ante la Cámara de Diputados -que incluye más de mil 400 auditorías-, la Auditoría Superior de la Federación ha elaborado un Informe General que incluye la identificación de condiciones que dan lugar al surgimiento de vulnerabilidades en 13 áreas vinculadas a la gestión de las entidades públicas. Este tipo de análisis busca generar una corriente en la cultura de la administración pública que se concentre en los asuntos prioritarios en función de su impacto en el conjunto del sector público y permita proporcionar soluciones concretas a problemas estructurales comunes y reiterativos.

Estoy consciente que puede sonar anticlimático decir que los resultados objetivos e imparciales de nuestras revisiones son el mayor aporte de la Auditoría Superior de la Federación, pero precisamente esos son los elementos que pueden alejar a nuestra democracia del riesgo de las argumentaciones simples y los lugares comunes.


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Cambios

19 / dic / 2014

 

Una serie de eventos que han hecho impacto en la opinión pública nacional son el origen del actual clima de movilización, cuestionamientos y demandas, por parte de la sociedad, respecto a cuál es la relación del gobierno con la ciudadanía, cómo están funcionando las instituciones y qué es lo que requiere nuestro país para hacer frente a sus necesidades.

Vale decir que no siempre ha existido el mismo nivel de involucramiento o de coincidencia entre distintos sectores de la población; actualmente, y en tanto colectividad, puede percibirse una sensación de vulnerabilidad y desamparo, de inconformidad frente a determinadas decisiones y de incertidumbre respecto a la evolución de los acontecimientos.

Este estado de cosas muestra una verdad irrefutable: ya no es posible, desde la perspectiva gubernamental, mantener prácticas y actitudes que han sido rebasadas por la realidad.

La ciudadanía, aunque aún atomizada, ha encontrado nuevos cauces para expresar sus posiciones y dar a conocer información que, antes, simplemente no estaba al alcance de nadie. El mismo desarrollo de las tecnologías de la comunicación, la irrupción de las redes sociales como un indicador de la fuerza de las distintas corrientes de opinión y, sobre todo, la aceptación de la idea de que existe el derecho de pronunciarse abierta y libremente, han prácticamente derribado la concepción de un Estado monolítico y todopoderoso.

En este sentido, podemos anticipar que, sea cual sea el futuro de la sociedad mexicana, estamos viviendo procesos irreversibles en cuanto a la mayor participación de la comunidad en aquellos hechos en los que percibe tener un interés legítimo, así como a una demanda creciente de soluciones que vayan más allá del discurso y prueben, en el campo de los hechos, ser relevantes para dar solución a los problemas.

Es en situaciones como la presente en las que podemos percatarnos de la importancia real que tiene una efectiva rendición de cuentas en la construcción de un cuerpo social sano; esto evita que prevalezcan las voluntades de individuos y grupos sobre las necesidades de la mayoría.

Quienes tenemos la oportunidad de desempeñar tareas gubernamentales, somos también ciudadanos, por lo que no podemos permanecer impasibles ante un clamor creciente de quienes, a través de sus sufragios y de los recursos que aportan por la vía de sus impuestos, reclaman una gestión honesta, profesional y sensible.

En tanto ciudadanos, tenemos derecho a cuestionar, a manifestarnos, a discutir aquello que toca nuestros intereses y a demandar una respuesta adecuada, pero en nuestro carácter de funcionarios debemos plegarnos a lo prescrito en la ley, a las normas éticas comúnmente aceptadas y a honrar el compromiso que adquirimos al integrarnos a las instituciones que dirigen la vida de México.

Debe operarse una verdadera toma de conciencia en el servidor público respecto a asumir la responsabilidad de sus actos, tener en cuenta las consecuencias que sus decisiones tienen en el entorno, adecuar su conducta a las circunstancias y nunca perder de vista que la única justificación de que se le otorgue una serie de facultades y poderes es que las emplee en beneficio de la colectividad.

Estamos por terminar un año particularmente intenso y difícil en el que nuestro país, y nosotros mismos como ciudadanos, hemos visualizado lo frágil que puede ser la estabilidad, y al mismo tiempo, lo valioso que es contar con ella. Es preciso utilizar esta coyuntura como un punto de inflexión en nuestra marcha; cuando nuestras vulnerabilidades se hacen evidentes, se gesta una gran oportunidad para entenderlas y remediarlas.


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