Relanzamiento del Sistema Nacional de Fiscalización

23 / jul / 2015

El momento por el que atraviesa nuestro país es tal vez poco auspicioso como para ofrecer a la ciudadanía, a los formadores de opinión y a los grupos organizados, la renovación de un compromiso para coadyuvar a la eliminación de la corrupción en los Tres Poderes de la Unión, y a los tres niveles de gobierno.

La credibilidad es un factor de la mayor importancia en cualquier proyecto, puesto que permite que la sociedad y sus actores comprendan el alcance de las acciones que se quieren llevar a cabo, hagan suyos los objetivos que se ofrezcan y colaboren de manera activa en su consecución.

Para generar este componente se requiere lograr resultados parciales positivos, comunicar de manera clara y comprensible la situación, y comprometerse de manera institucional a alcanzar las metas siguientes que se hayan trazado.

Sin embargo, la credibilidad alcanzada no es estática ni está garantizada; las condiciones para mantenerla se van modificando en la manera en que los actores y el entorno se hacen más complejos o sus interacciones se modifican de manera sustancial.

Asimismo, puede resultar un elemento frágil, puesto que la opinión pública se nutre de un conjunto muy amplio de elementos, la mayoría de ellos fuera del alcance de las autoridades gubernamentales, cuyo análisis no siempre está basado en elementos objetivos, sino en percepciones.

De ahí que el escepticismo que manifiesta una parte de la opinión pública respecto a la existencia de una voluntad auténtica de cambio y las capacidades para crear los marcos de actuación y los instrumentos legales necesarios por parte de las instituciones gubernamentales para el combate a la corrupción, sea uno de los factores más complicados de compensar en la etapa de creación de la infraestructura y de los medios necesarios para un proyecto tan ambicioso como el que nos ocupa.

Es necesario entonces, que asumamos esta situación como parte de los asuntos pendientes de atención, y que la mejor manera de hacerlo es a través de una renovación de nuestro compromiso con los objetivos que nos fijamos hace cinco años cuando nació el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).

La encomienda que nos planteamos fue generar un punto de encuentro y colaboración de los responsables de las tareas de auditoría pública de todo el país. El desafío es considerable debido a que la coordinación no es una tendencia natural de las organizaciones.

Como sabemos, finalmente la visión sistémica se impuso y hoy contamos con la estructura legal para el desarrollo de una política de Estado en materia de combate a la corrupción, acorde con las líneas y horizontes que de manera valiosa va marcando la sociedad civil, como aliada indispensable. La dirección de las reformas fue la correcta; ahora falta crear las condiciones para su implementación efectiva.

En este contexto, tanto en la Secretaría de la Función Pública como en la ASF, organizamos un evento el día de ayer para renovar el Sistema Nacional de Fiscalización y, con ello, iniciar formalmente los trabajos del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta estrategia conjunta está dirigida a afianzar la coordinación entre todos los miembros y a consolidar nuestras dinámicas de colaboración, con el fin último de que la auditoría gubernamental produzca valor y beneficio a los ojos ciudadanos.


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Cambiemos y mejoremos todos

25 / jun / 2015

Vivimos una etapa en la que lo inmediato domina al análisis de los asuntos públicos. A través de un acto reflejo se expresa una idea y se privilegia la contundencia de la conclusión, independientemente de la fragilidad de los argumentos. En este contexto la espontaneidad es lo más valioso: el contenido de las redes sociales refleja esta realidad.

A primera vista, esta tendencia es contraria a la visión que está detrás de los cambios constitucionales que le dan forma al Sistema Nacional de Transparencia y al Sistema Nacional Anticorrupción. Ambos constituyen una apuesta a mediano y largo plazos, puesto que su alcance está diseñado para tener, esencialmente, un impacto estructural, en vez de limitarse a una persecución caso por caso de irregularidades.

Aliviar un síntoma no equivale a curar una enfermedad. Hemos llegado al punto en que es inaplazable aplicar soluciones de fondo que contribuyan a eliminar las causas, lo que traerá como efecto la desaparición de las consecuencias. Hay que destacar que no se trata de una decisión fácil, puesto que las expectativas sociales, en ocasiones orientadas al efectismo, ejercen sobre el actor político y administrativo una presión que será necesario gestionar de manera adecuada El Sistema Nacional Anticorrupción busca articular en una estrategia coherente a las instituciones competentes en este tema, sean judiciales, administrativas o de fiscalización, con el fin de cerrar los espacios a riesgos reales o potenciales para la comisión de irregularidades. Por su parte, el Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene como objetivo monitorear y propiciar las condiciones para el cumplimiento de la política pública transversal del Estado mexicano en la materia.

En este sentido, el cometido de los distintos miembros de los Sistemas de Transparencia y Anticorrupción debe consistir en establecer una cultura de legalidad, control y rendición de cuentas, donde cada área, e inclusive, cada integrante del aparato estatal, enfrenten un ambiente definido por la fiscalización, la transparencia y la existencia de sanciones efectivas; esto, con el fin de que sus incentivos personales y de grupo, se alineen con el interés público.

Este nuevo orden institucional, entendido no sólo como el cambio de las reglas de juego de los organismos del Estado, sino también como la interacción entre ciudadanos y gobierno implica un replanteamiento de todos los participantes. Para algunos analistas el tema de la corrupción, desafortunadamente, se constriñe a un asunto de buenos y malos. Para que la participación de la sociedad sea efectiva en este proceso se requiere que sus organizaciones cuenten con mayor información y solidez técnica para abordar el tema, no basta enarbolar una “superioridad moral” adquirida por ostentar una etiqueta ciudadana.

A este respecto, el martes pasado escuché la intervención de Alejandro González Arreola, director general de Gestión Social -Gesoc-, con motivo de la ceremonia de instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. Fue verdaderamente gratificante escucharle hablar sobre la importancia del papel de la sociedad organizada en la construcción de las políticas públicas. Fue una muestra cabal de pensamiento independiente y de solvencia técnica.

De ese modo, si tanto las instituciones estatales como las organizaciones sociales asumen el compromiso de predicar con el ejemplo, podemos augurar que los resultados serán satisfactorios y que avanzaremos en sentar las condiciones para una mejor convivencia y un gobierno confiable y al servicio de la gente.


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Sistema Nacional Anticorrupción: ¿Qué sigue?

30 / abr / 2015

En los últimos meses, un número creciente de ciudadanos, independientemente de sus ocupaciones, situación social o afiliación política, ha identificado a la corrupción como uno de los principales problemas que afectan la vida pública en nuestro país.

Más aún, podemos ver cómo este tema es recurrente en el discurso de los más altos niveles de gobierno; se ha llegado a un punto en el que hay coincidencia entre la percepción de vulnerabilidad que tiene la sociedad y el imperativo de actuar que tienen las instancias gubernamentales.

Creo que no se ha insistido lo suficiente respecto a uno de los daños más graves de la corrupción: el efecto que tiene de desvirtuar la naturaleza de los asuntos de interés común, y que deviene por consecuencia en una crisis de legitimidad. Resulta difícil respetar algo en lo que no se cree.

Dado este diagnóstico, el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción es una buena noticia, ya que la respuesta del Estado mexicano al fenómeno de la corrupción se materializa como una política pública con visión sistémica.

 En efecto, la reforma aprobada por el Poder Legislativo abre las condiciones necesarias, que deberán cristalizarse en las leyes secundarias respectivas, para que la fiscalización, el acceso a la información, la evaluación presupuestal y de programas, los sistemas de archivos y la contabilidad gubernamental, interactúen de manera eficiente y efectiva.

Si bien esta iniciativa, y el nivel de consenso con la que fue adoptada, permiten mejores augurios respecto a la interacción y coordinación interinstitucional, es pertinente señalar que, a pesar de los avances que se tendrían con la aprobación de esta iniciativa, hay que evitar la generación de falsas expectativas que hagan pensar a la ciudadanía que el problema quedará resuelto en el corto plazo.

Es por ello que se requiere subrayar que los resultados del Sistema se podrán constatar en el mediano y largo plazos; inclusive, la emisión de las leyes secundarias y el inicio de su implementación tomarán, al menos, un par de años. Como funcionarios, pero también en tanto ciudadanos, debemos abstenernos de pensar que problemas estructurales se pueden solucionar con acciones efectistas o inmediatas.

Con el fin de asegurar que los siguientes pasos no se alejan del propósito original de la reforma constitucional, es recomendable que se abran espacios de participación en los que las organizaciones de la sociedad civil, la academia, las agrupaciones empresariales, así como las entidades y dependencias públicas involucradas sigan aportando su visión y perspectivas, respecto a un asunto que nos atañe a todos.

Al margen de estas consideraciones, debemos reconocer que el SNA es un signo de un nivel de conciencia distinto. Esto significa que, a la par de los cambios legales necesarios, hagamos un espacio para reflexionar respecto a la relevancia que tienen los principios y valores éticos en la convivencia. La honestidad, el predicar con el ejemplo o el compromiso social, son conceptos desgastados, pero que pueden recobrar su verdadero significado. ¿Por qué no tener la voluntad de empezar con ello hoy mismo?


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