Sistema Nacional Anticorrupción: ¿Qué sigue?

30 / abr / 2015

En los últimos meses, un número creciente de ciudadanos, independientemente de sus ocupaciones, situación social o afiliación política, ha identificado a la corrupción como uno de los principales problemas que afectan la vida pública en nuestro país.

Más aún, podemos ver cómo este tema es recurrente en el discurso de los más altos niveles de gobierno; se ha llegado a un punto en el que hay coincidencia entre la percepción de vulnerabilidad que tiene la sociedad y el imperativo de actuar que tienen las instancias gubernamentales.

Creo que no se ha insistido lo suficiente respecto a uno de los daños más graves de la corrupción: el efecto que tiene de desvirtuar la naturaleza de los asuntos de interés común, y que deviene por consecuencia en una crisis de legitimidad. Resulta difícil respetar algo en lo que no se cree.

Dado este diagnóstico, el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción es una buena noticia, ya que la respuesta del Estado mexicano al fenómeno de la corrupción se materializa como una política pública con visión sistémica.

 En efecto, la reforma aprobada por el Poder Legislativo abre las condiciones necesarias, que deberán cristalizarse en las leyes secundarias respectivas, para que la fiscalización, el acceso a la información, la evaluación presupuestal y de programas, los sistemas de archivos y la contabilidad gubernamental, interactúen de manera eficiente y efectiva.

Si bien esta iniciativa, y el nivel de consenso con la que fue adoptada, permiten mejores augurios respecto a la interacción y coordinación interinstitucional, es pertinente señalar que, a pesar de los avances que se tendrían con la aprobación de esta iniciativa, hay que evitar la generación de falsas expectativas que hagan pensar a la ciudadanía que el problema quedará resuelto en el corto plazo.

Es por ello que se requiere subrayar que los resultados del Sistema se podrán constatar en el mediano y largo plazos; inclusive, la emisión de las leyes secundarias y el inicio de su implementación tomarán, al menos, un par de años. Como funcionarios, pero también en tanto ciudadanos, debemos abstenernos de pensar que problemas estructurales se pueden solucionar con acciones efectistas o inmediatas.

Con el fin de asegurar que los siguientes pasos no se alejan del propósito original de la reforma constitucional, es recomendable que se abran espacios de participación en los que las organizaciones de la sociedad civil, la academia, las agrupaciones empresariales, así como las entidades y dependencias públicas involucradas sigan aportando su visión y perspectivas, respecto a un asunto que nos atañe a todos.

Al margen de estas consideraciones, debemos reconocer que el SNA es un signo de un nivel de conciencia distinto. Esto significa que, a la par de los cambios legales necesarios, hagamos un espacio para reflexionar respecto a la relevancia que tienen los principios y valores éticos en la convivencia. La honestidad, el predicar con el ejemplo o el compromiso social, son conceptos desgastados, pero que pueden recobrar su verdadero significado. ¿Por qué no tener la voluntad de empezar con ello hoy mismo?


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El servidor público del siglo XXI

07 / abr / 2015

A fines del siglo pasado, con el surgimiento de una serie de equilibrios en la vida política del país, surgió la figura del ciudadano-cliente, receptor de bienes y servicios del Estado.

Asimismo, a un nivel más complejo, se hizo evidente que una democratización política no era suficiente, si no se veía reflejada en una relación más horizontal y directa entre el Estado y las personas, basada además en principios como la transparencia y la rendición de cuentas.

Cuando el individuo deja de ser un súbdito para convertirse en un ciudadano, la responsabilidad de quienes ostentan un cargo público se acrecienta sustancialmente, puesto que no existe otro factor que dé legitimidad a su ejercicio del poder, si no es el de apegarse a una serie de valores y actuar teniendo como fin último el interés de la sociedad.

Este cambio de paradigma sorprendió a muchos funcionarios, independientemente de su nivel jerárquico o de su adscripción en los ámbitos federal, estatal o municipal del gobierno, acostumbrados a una percepción patrimonialista de sus funciones, a un grado de autonomía y discrecionalidad prácticamente ilimitado y a una actitud laxa respecto a los principios de la ética pública y de la obligación de hacerse responsables de los resultados de sus actos.

En la teoría económica se dice que la convivencia entre gobernante y gobernado se da en el marco de limitaciones formales -leyes y normas-, e informales, las cuales son reglas que nunca han sido ideadas conscientemente y que a los miembros de una sociedad les interesa observar.

Pues bien, desde mi perspectiva, las limitaciones informales en nuestra realidad actual están definidas por una expectativa de comportamiento íntegro y honesto de los actores de la sociedad. Este cambio es aún incipiente y así hay que entenderlo; su consolidación tomará tiempo, pero hay que contribuir a que se desarrolle en todos los ámbitos.

Desde la relación que entablan los escolares hasta el cumplimiento de la palabra dada, nuestra sociedad se ha ido sensibilizando hacia el valor real que tiene la integridad, la dignidad y el respeto. Baste reflexionar sobre cómo eran, hace 20 años, las percepciones acerca de asuntos de género o minorías.

En el ámbito gubernamental, estas limitaciones informales, se reflejan en la aparición del consenso existente respecto a la necesidad de un cambio de fondo y de lo indispensable que resulta la credibilidad para dar fundamento a la acción estatal.

Un funcionario que pretenda desempeñarse en este ambiente tiene que ser sensible a estos factores: no hay cabida para una concepción caduca. Es necesario visualizar a lo público como una casa de paredes de cristal, donde todo lo que se haga puede y debe ser sujeto al escrutinio de la ciudadanía, y en la que toda decisión debe estar sustentada en la persecución del bien común.


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Las consecuencias del informe de la ASF

05 / mar / 2015

Como es del conocimiento del lector, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se presentó ante la Cámara de Diputados el pasado 18 de febrero. Ya es tradicional, por así decirlo, que en las semanas siguientes se presente un gran cúmulo de reacciones en los distintos medios de comunicación, conforme empieza a darse a conocer el contenido de distintas auditorias que tienen resonancia en el interés público.

Hay que señalar que, de conformidad con el marco legal que rige el proceso de fiscalización en México, es preciso tener en cuenta que la presentación de los resultados es únicamente una etapa; los entes auditados cuentan con un periodo específico para ofrecer a la ASF documentación y alegatos en respuesta a las observaciones planteadas en las revisiones.

A mi parecer, se pueden distinguir tres tipos de reacción a los resultados de la fiscalización: el primero se basa en notas de reacción inmediata que buscan temas no identificados, en una primera instancia, por los medios en competencia.

El segundo se refiere a una evaluación crítica que se caracteriza por llegar a una conclusión generalizada de que el sector público presenta serias deficiencias e incurre, sistemáticamente, en actos irregulares como parte de su funcionamiento.

Una tercera opción está representada por distintos formadores de opinión que, con base en el análisis de casos particulares, buscan ofrecer al público una aproximación centrada en aspectos estructurales, así como plantear alternativas para su solución.

En un país democrático, estas alternativas, y otras más, contribuyen a enriquecer el debate, y aportan elementos que pueden resultar complementarios en aras de obtener un panorama general de lo que para la sociedad implican las observaciones y hallazgos de la revisión del uso de los recursos públicos.

Creo que todo intercambio de puntos de vista que coadyuve al establecimiento de modificaciones de fondo que permitan alcanzar un mejor nivel en cuanto a la gestión pública es bienvenido; nuestro cometido es ofrecer información independiente y objetiva para que la Cámara de Diputados, los entes auditados y el público en general, cuenten con elementos para que, en sus respectivos ámbitos de acción, contribuyan a modificar las condiciones que ponen en riesgo la eficacia y la eficiencia del ejercicio gubernamental.

En atención a la situación actual del país y la visión que se tiene en cuanto a temas como credibilidad en las instituciones, la cuestión de las sanciones ocupa un lugar preponderante en la demanda pública. Es evidente que el Estado, en todos sus niveles, tiene la obligación de sancionar, conforme a la ley, cualquier acción irregular que sea detectada. Sin embargo, yo he mantenido que la sanción, cuando no forma parte de un sistema integral acompañado de acciones preventivas y de control, se limitará a casos específicos sin que éstos tengan un efecto demostrativo que influya en los incentivos existentes para actuar de manera inadecuada.

Este, como otros temas, forma parte del entramado que se propone para sustentar un eventual Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que existen motivos para mantener una expectativa favorable respecto al futuro de la rendición de cuentas en el país.


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