Cambiemos y mejoremos todos

25 / jun / 2015

Vivimos una etapa en la que lo inmediato domina al análisis de los asuntos públicos. A través de un acto reflejo se expresa una idea y se privilegia la contundencia de la conclusión, independientemente de la fragilidad de los argumentos. En este contexto la espontaneidad es lo más valioso: el contenido de las redes sociales refleja esta realidad.

A primera vista, esta tendencia es contraria a la visión que está detrás de los cambios constitucionales que le dan forma al Sistema Nacional de Transparencia y al Sistema Nacional Anticorrupción. Ambos constituyen una apuesta a mediano y largo plazos, puesto que su alcance está diseñado para tener, esencialmente, un impacto estructural, en vez de limitarse a una persecución caso por caso de irregularidades.

Aliviar un síntoma no equivale a curar una enfermedad. Hemos llegado al punto en que es inaplazable aplicar soluciones de fondo que contribuyan a eliminar las causas, lo que traerá como efecto la desaparición de las consecuencias. Hay que destacar que no se trata de una decisión fácil, puesto que las expectativas sociales, en ocasiones orientadas al efectismo, ejercen sobre el actor político y administrativo una presión que será necesario gestionar de manera adecuada El Sistema Nacional Anticorrupción busca articular en una estrategia coherente a las instituciones competentes en este tema, sean judiciales, administrativas o de fiscalización, con el fin de cerrar los espacios a riesgos reales o potenciales para la comisión de irregularidades. Por su parte, el Sistema Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene como objetivo monitorear y propiciar las condiciones para el cumplimiento de la política pública transversal del Estado mexicano en la materia.

En este sentido, el cometido de los distintos miembros de los Sistemas de Transparencia y Anticorrupción debe consistir en establecer una cultura de legalidad, control y rendición de cuentas, donde cada área, e inclusive, cada integrante del aparato estatal, enfrenten un ambiente definido por la fiscalización, la transparencia y la existencia de sanciones efectivas; esto, con el fin de que sus incentivos personales y de grupo, se alineen con el interés público.

Este nuevo orden institucional, entendido no sólo como el cambio de las reglas de juego de los organismos del Estado, sino también como la interacción entre ciudadanos y gobierno implica un replanteamiento de todos los participantes. Para algunos analistas el tema de la corrupción, desafortunadamente, se constriñe a un asunto de buenos y malos. Para que la participación de la sociedad sea efectiva en este proceso se requiere que sus organizaciones cuenten con mayor información y solidez técnica para abordar el tema, no basta enarbolar una “superioridad moral” adquirida por ostentar una etiqueta ciudadana.

A este respecto, el martes pasado escuché la intervención de Alejandro González Arreola, director general de Gestión Social -Gesoc-, con motivo de la ceremonia de instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. Fue verdaderamente gratificante escucharle hablar sobre la importancia del papel de la sociedad organizada en la construcción de las políticas públicas. Fue una muestra cabal de pensamiento independiente y de solvencia técnica.

De ese modo, si tanto las instituciones estatales como las organizaciones sociales asumen el compromiso de predicar con el ejemplo, podemos augurar que los resultados serán satisfactorios y que avanzaremos en sentar las condiciones para una mejor convivencia y un gobierno confiable y al servicio de la gente.


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Sistema Nacional Anticorrupción: ¿Qué sigue?

30 / abr / 2015

En los últimos meses, un número creciente de ciudadanos, independientemente de sus ocupaciones, situación social o afiliación política, ha identificado a la corrupción como uno de los principales problemas que afectan la vida pública en nuestro país.

Más aún, podemos ver cómo este tema es recurrente en el discurso de los más altos niveles de gobierno; se ha llegado a un punto en el que hay coincidencia entre la percepción de vulnerabilidad que tiene la sociedad y el imperativo de actuar que tienen las instancias gubernamentales.

Creo que no se ha insistido lo suficiente respecto a uno de los daños más graves de la corrupción: el efecto que tiene de desvirtuar la naturaleza de los asuntos de interés común, y que deviene por consecuencia en una crisis de legitimidad. Resulta difícil respetar algo en lo que no se cree.

Dado este diagnóstico, el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción es una buena noticia, ya que la respuesta del Estado mexicano al fenómeno de la corrupción se materializa como una política pública con visión sistémica.

 En efecto, la reforma aprobada por el Poder Legislativo abre las condiciones necesarias, que deberán cristalizarse en las leyes secundarias respectivas, para que la fiscalización, el acceso a la información, la evaluación presupuestal y de programas, los sistemas de archivos y la contabilidad gubernamental, interactúen de manera eficiente y efectiva.

Si bien esta iniciativa, y el nivel de consenso con la que fue adoptada, permiten mejores augurios respecto a la interacción y coordinación interinstitucional, es pertinente señalar que, a pesar de los avances que se tendrían con la aprobación de esta iniciativa, hay que evitar la generación de falsas expectativas que hagan pensar a la ciudadanía que el problema quedará resuelto en el corto plazo.

Es por ello que se requiere subrayar que los resultados del Sistema se podrán constatar en el mediano y largo plazos; inclusive, la emisión de las leyes secundarias y el inicio de su implementación tomarán, al menos, un par de años. Como funcionarios, pero también en tanto ciudadanos, debemos abstenernos de pensar que problemas estructurales se pueden solucionar con acciones efectistas o inmediatas.

Con el fin de asegurar que los siguientes pasos no se alejan del propósito original de la reforma constitucional, es recomendable que se abran espacios de participación en los que las organizaciones de la sociedad civil, la academia, las agrupaciones empresariales, así como las entidades y dependencias públicas involucradas sigan aportando su visión y perspectivas, respecto a un asunto que nos atañe a todos.

Al margen de estas consideraciones, debemos reconocer que el SNA es un signo de un nivel de conciencia distinto. Esto significa que, a la par de los cambios legales necesarios, hagamos un espacio para reflexionar respecto a la relevancia que tienen los principios y valores éticos en la convivencia. La honestidad, el predicar con el ejemplo o el compromiso social, son conceptos desgastados, pero que pueden recobrar su verdadero significado. ¿Por qué no tener la voluntad de empezar con ello hoy mismo?


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El servidor público del siglo XXI

07 / abr / 2015

A fines del siglo pasado, con el surgimiento de una serie de equilibrios en la vida política del país, surgió la figura del ciudadano-cliente, receptor de bienes y servicios del Estado.

Asimismo, a un nivel más complejo, se hizo evidente que una democratización política no era suficiente, si no se veía reflejada en una relación más horizontal y directa entre el Estado y las personas, basada además en principios como la transparencia y la rendición de cuentas.

Cuando el individuo deja de ser un súbdito para convertirse en un ciudadano, la responsabilidad de quienes ostentan un cargo público se acrecienta sustancialmente, puesto que no existe otro factor que dé legitimidad a su ejercicio del poder, si no es el de apegarse a una serie de valores y actuar teniendo como fin último el interés de la sociedad.

Este cambio de paradigma sorprendió a muchos funcionarios, independientemente de su nivel jerárquico o de su adscripción en los ámbitos federal, estatal o municipal del gobierno, acostumbrados a una percepción patrimonialista de sus funciones, a un grado de autonomía y discrecionalidad prácticamente ilimitado y a una actitud laxa respecto a los principios de la ética pública y de la obligación de hacerse responsables de los resultados de sus actos.

En la teoría económica se dice que la convivencia entre gobernante y gobernado se da en el marco de limitaciones formales -leyes y normas-, e informales, las cuales son reglas que nunca han sido ideadas conscientemente y que a los miembros de una sociedad les interesa observar.

Pues bien, desde mi perspectiva, las limitaciones informales en nuestra realidad actual están definidas por una expectativa de comportamiento íntegro y honesto de los actores de la sociedad. Este cambio es aún incipiente y así hay que entenderlo; su consolidación tomará tiempo, pero hay que contribuir a que se desarrolle en todos los ámbitos.

Desde la relación que entablan los escolares hasta el cumplimiento de la palabra dada, nuestra sociedad se ha ido sensibilizando hacia el valor real que tiene la integridad, la dignidad y el respeto. Baste reflexionar sobre cómo eran, hace 20 años, las percepciones acerca de asuntos de género o minorías.

En el ámbito gubernamental, estas limitaciones informales, se reflejan en la aparición del consenso existente respecto a la necesidad de un cambio de fondo y de lo indispensable que resulta la credibilidad para dar fundamento a la acción estatal.

Un funcionario que pretenda desempeñarse en este ambiente tiene que ser sensible a estos factores: no hay cabida para una concepción caduca. Es necesario visualizar a lo público como una casa de paredes de cristal, donde todo lo que se haga puede y debe ser sujeto al escrutinio de la ciudadanía, y en la que toda decisión debe estar sustentada en la persecución del bien común.


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